Luis Ernesto Sánchez, docente de 55 años y líder social de la zona rural de El Cerrito, Valle del Cauca, fue asesinado este sábado 27 de septiembre en Cali. El educador era ampliamente reconocido por impulsar procesos pedagógicos y comunitarios que buscaban ofrecer alternativas a niños y adolescentes expuestos a la violencia de grupos armados ilegales en la región.
Según las primeras versiones, Sánchez se desplazaba en un taxi cuando fue interceptado por hombres armados que abrieron fuego contra él. Aunque el conductor del vehículo logró llevarlo a un centro asistencial, el profesor murió poco después debido a la gravedad de las heridas. Las autoridades militares y judiciales ya adelantan las investigaciones, aunque hasta el momento no se han reportado capturas ni líneas claras sobre los móviles del crimen.
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El trabajo de Sánchez se había centrado en la creación de un aula tecnológica que pretendía motivar a la juventud rural y disminuir el riesgo de reclutamiento forzado, un flagelo que afecta de manera particular al corregimiento de Tenerife. Su labor había sido reconocida por la comunidad educativa y por organizaciones sociales, que hoy lamentan profundamente su muerte.
Defensoría del Pueblo advierte sobre los riesgos de los líderes comunitarios
La Defensoría del Pueblo había advertido en la Alerta Temprana 012 de 2025 sobre el papel de Cali como epicentro de actividades del crimen organizado y los riesgos que enfrentan los líderes comunitarios y la población juvenil. A esa advertencia se sumaba la alerta 019 de 2023, en la que se señalaba la vulnerabilidad de líderes y defensores de derechos humanos ante estructuras armadas ilegales como las disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo y bandas locales.
El asesinato de Sánchez eleva a 150 el número de líderes sociales asesinados en lo corrido de 2025, de acuerdo con cifras de Indepaz. La organización destacó que el docente era un referente en la defensa de los derechos de la niñez y la juventud en el Valle del Cauca.
Las comunidades rurales de El Cerrito han manifestado su temor frente al hecho y han pedido a las autoridades mayor protección para los líderes sociales de la región, quienes siguen enfrentando altos niveles de riesgo en medio del recrudecimiento de la violencia armada en el suroccidente colombiano.
