El aumento de asentamientos no planificados y el uso irregular de la energía eléctrica en el oriente de Cali estarían afectando la continuidad del servicio en varios sectores. Las zonas más impactadas son Brisas de las Palmas I, Haití, Brisas de las Palmas Alto Oriente y Valladito.
En los últimos meses, los transformadores de estas áreas han sufrido sobrecargas constantes debido al consumo no autorizado por actividades comerciales de transformación de plásticos. Los daños han obligado a inversiones superiores a 200 millones de pesos, destinados al mantenimiento y reemplazo de equipos afectados.
En los Asentamientos Humanos de Desarrollo Incompleto, el suministro de energía está destinado únicamente al consumo residencial. Sin embargo, el crecimiento acelerado de familias, que pasó de aproximadamente 380 hace dos años a cerca de 700 actualmente, lo que ha generado una demanda que supera la capacidad instalada.
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La operación de establecimientos industriales y comerciales no autorizados incrementa el consumo y provoca fallas que afectan la prestación del servicio a los hogares. Estas actividades irregulares, principalmente plastiqueras, aumentan el riesgo de daños en transformadores y la interrupción del suministro.
Medidas para garantizar un suministro seguro
Conforme a la normativa nacional, los operadores de red no pueden comercializar energía en asentamientos no legalizados. Por ello, el suministro actual se realiza de manera humanitaria y transitoria, mientras avanzan los procesos de ordenamiento y legalización.
Las autoridades locales, junto con la comunidad, han implementado una ruta integral para controlar las sobrecargas y mejorar la seguridad. EMCALI, la Secretaría de Seguridad y Justicia y la Secretaría de Vivienda y Hábitat trabajan con los residentes para identificar causas de las fallas y establecer soluciones que garanticen un servicio legal, seguro y confiable.
Además, se realizan revisiones técnicas periódicas para evitar que el uso irregular de energía genere daños costosos. EMCALI ha invertido más de 200 millones de pesos en mantenimiento y reemplazo busca proteger a los usuarios y minimizar interrupciones.
Consecuencias para los residentes
Los hogares afectados enfrentan cortes frecuentes y la incertidumbre sobre la continuidad del servicio. La situación también alerta sobre la necesidad de planificar el crecimiento urbano y regularizar los asentamientos.
El compromiso de las autoridades es equilibrar la seguridad, la legalidad y el suministro a las familias, mientras se reducen los riesgos de sobrecargas por conexiones irregulares y se avanza en la legalización de los asentamientos.
