El concejal de Cali, Andrés Escobar, enfrenta una investigación disciplinaria tras la denuncia de su expareja, Melissa Escobar, quien lo acusó de presuntas conductas de violencia de género y uso indebido de su esquema de seguridad. La Procuraduría busca esclarecer si existieron faltas disciplinarias y determinar responsabilidades.
El proceso se inició luego de que la denuncia se hiciera pública a través de redes sociales y medios de comunicación. Según el comunicado del ente de control, el objetivo es “establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos y determinar si le asiste o no responsabilidad disciplinaria”.
Melissa Escobar señaló que el concejal habría interferido con su vida laboral, presionando para que funcionarios de la Alcaldía no la contrataran. Además mencionó temas sobre presunto mal manejo de su esquema de seguridad asignado por la UNP. La Procuraduría evaluará si dicho esquema fue usado sin justificación.
Al parecer, el oficio que formaliza la investigación tiene ocho páginas y fue emitido por la Procuraduría Regional de Instrucción del Valle, bajo la delegada Diana Carolina Erazo.
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La funcionaria deberá recoger pruebas, entre ellas documentos de la UNP y eventuales denuncias en la Fiscalía sobre violencia intrafamiliar.
Melissa Escobar también podrá comparecer ante la Procuraduría para dar su versión de los hechos. De igual manera, Escobar tendrá derecho a ejercer su defensa y presentar pruebas que respalden su postura.
Posibles consecuencias y próximos pasos
El procedimiento busca determinar si se cometió alguna falta disciplinaria que amerite pliego de cargos. En caso de comprobarse responsabilidad, Escobar podría enfrentar sanciones administrativas, cuya magnitud dependerá del grado de la falta y de las pruebas recabadas durante la investigación.
Hasta el momento, el concejal de Cali no se ha pronunciado sobre la apertura del proceso disciplinario. La Procuraduría resalta que este tipo de investigaciones se realizan para garantizar la transparencia en la función pública y proteger los derechos de las personas involucradas, manteniendo el debido proceso como principio rector.
