En respuesta a la reciente suspensión de servicios a usuarios de la Nueva EPS en centros de Cali como la Clínica de Occidente y la Clínica Versalles, el director de la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (ADRES), Félix León Martínez, se pronunció sobre el origen del conflicto de pagos.
Martínez deslindó a la entidad que dirige de cualquier responsabilidad en el cese de operaciones, señalando que la disputa es inherente al modelo actual del sistema de salud y debe ser resuelta por la Superintendencia Nacional de Salud.
Adres: “giros con precisión cronométrica”
El funcionario enfatizó que la ADRES cumple su función de manera rigurosa, descartando cualquier retraso en la transferencia de fondos a las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
“No hay retrasos por parte de la ADRES. Nunca hay un retraso ni de un día, jamás. La ADRES gira los recursos del sistema con una precisión cronométrica”, aseguró Martínez.
Según su explicación, el cuello de botella se genera porque legalmente las EPS son las “dueñas del dinero”. Ellas reciben los giros del Estado y deciden a qué prestador pagarle y cuánto, un proceso en el que la ADRES no tiene competencia legal para intervenir.
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Debate sobre las finanzas de los prestadores
Martínez introdujo un elemento de debate al referirse a la solidez financiera de las clínicas que han suspendido servicios, contrastando las quejas por falta de pago con las cifras de utilidades del sector.
“La Clínica de Occidente está entre las 4 clínicas con mayores ganancias en 2024. Las 150 clínicas con mayores ganancias en 2024 pasaron de ganar 2 o 3 billones en 2021 a pasar a ganar 5 billones en 2024”, precisó Martínez.
El director indicó que la crisis en el flujo de pagos evidencia un problema de negociación entre las partes, más que una situación de quiebra generalizada en los grandes prestadores de servicios.
La solución: una reforma estructural
Martínez fue categórico en que la solución al desorden financiero del sistema no pasa por incrementar la destinación de dinero, sino por modificar el marco legal que rige la distribución de recursos.
El director de la ADRES argumentó que, si bien el dinero existe, se gasta de manera ineficiente y evidenciado, por ejemplo, en la alta incidencia de diagnósticos tardíos de cáncer o la saturación de tratamientos de diálisis.
“Mientras esa ley siga así, las EPS son las dueñas del problema y la solución pasa por una reforma legal”, concluyó Martínez, señalando que solo una reforma estructural podrá regularizar el manejo financiero y garantizar una mejor distribución de los recursos para la atención primaria.
Mientras la disputa contractual afecta la salud de miles de vallecaucanos, la Superintendencia Nacional de Salud mantiene su competencia para sentar a las partes y buscar acuerdos de pago que permitan restablecer los servicios.
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