El Juzgado 21 Administrativo negó la medida cautelar solicitada por el concejal del Partido Verde, Rodrigo Salazar, y líderes de la Comuna 3, en contra de la Feria de Cali, por riesgo ambiental. La decisión se dio al constatar que la Feria se trasladó de la Calle 25 —en donde sería inicialmente— a la Autopuesta Suroriental. Esto, luego de concertar con la comunidad, quien se opuso a hacer el evento sobre esa calle por la afectación a más de 70 árboles.
Esa medida cautelar es parte de una acción popular, la cual fue admitida por el Juzgado. Pedía detener cualquier intervención administrativa o física sobre los árboles del Corredor Verde tras el pedido ambiental otorgado por el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) a Corfecali para intervenir la zona de la Calle 25, entre las carreras 4 y 5.
Sin embargo, tras concertar con la comunidad y días de incertidumbre, el pasado 4 de diciembre Corfecali decidió trasladar la Feria. Por eso, el Juzgado determinó que ya no había objeto sobre el cual fallar ni una “amenaza inminente”. Por lo tanto, el riesgo desapareció por desistimiento.
Contexto: Aclaran el futuro de los desfiles de la Feria de Cali tras rumores sobre un posible traslado.
La polémica por la Feria de Cali y su traslado
El traslado de 70 árboles de la calle 25, entre carreras 3 y 7, para ubicar las graderías de la Feria de Cali, generó polémica en la ciudad. Con plantones y protestas, vecinos, ciudadanos y ambientalistas le exigieron a la Alcaldía de Alejandro Eder reconsiderar la decisión, argumentando que se trata de un corredor ambiental clave para el oxígeno y la conservación de flora y fauna.
Tras casi un mes de plantones y diálogos entre el Dagma y Corfecali con la comunidad, Fabio Botero, gerente de Corfecali, anunció que la Feria se haría en la Autopista Suroriental. Sin embargo, algunas actividades culturales se harán en diferentes puntos de la ciudad, como en el barrio Obrero. Así lo confirmó el alcalde Eder.
¿Qué dijo el Juzgado?
El Juzgado encontró que la demanda cumple con todos los requisitos legales y que existe una controversia válida sobre derechos colectivos que debe ser juzgada. Por eso admitió la acción popular para su estudio. Sin embargo, como ya mencionó esta nota, negó la medida cautelar porque ya no hay un “peligro inminente” luego de que Corfecali y el Dagma desistieron de la idea de trasladar o talar los árboles y modificaron el diseño del evento.
Al haber desaparecido la conducta que causaba el miedo (el traslado de árboles), el riesgo se volvió hipotético. El juez aplicó el principio de buena fe, confiando en la declaración oficial de que no tocarán el arbolado. Y, acto seguido, emitió dos órdenes de cumplimiento obligatorio por parte de las entidades responsables.
Por eso, le ordenó al Dagma y Corfecali entregar, en un término de tres días, los diseños actualizados del evento. También ordenó rendir un informe detallado el 30 de enero de 2026 sobre el estado en que quedó la zona y las acciones ejecutadas tras la finalización de la Feria.
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