Tras el anuncio de la apertura de una investigación disciplinaria sobre el contrato de modernización del alumbrado público de Cali, los Vocales de Control Social, representantes de los usuarios de los servicios públicos, advierten que este proceso no debería convertirse en una barrera para los avances que, después de más de dos décadas de rezago, empiezan a notarse en diferentes barrios.
Los veedores reconocen que Cali arrastra un atraso profundo en alumbrado público y que se requería mejoras urgentes. Durante más de 20 años, amplios sectores permanecieron con luminarias obsoletas, calles oscuras y zonas donde la comunidad reclamaba un servicio estable y moderno. Sin embargo, señalan que con la gerencia actual de EMCALI cerca del 30% del parque lumínico ya fue modernizado, lo que para ellos representa un avance que la ciudad llevaba años esperando.
Esa es la razón por la que expresan su inquietud ante este importante tema para la capital vallecaucana. Consideran que una eventual interpretación de la investigación como motivo para detener las obras podría afectar directamente a los usuarios, en especial, a los barrios donde la iluminación sigue siendo insuficiente y se requiere que las labores de continúen avanzando.
Para los veedores, el control disciplinario es fundamental, pero no debe traducirse en frenos que pongan en riesgo la seguridad de las comunidades ni la continuidad del proceso.
“No debe traducirse en la parálisis de las obras ni de una segunda fase, cuando por primera vez se ven señales concretas de avances”, señalan en el comunicado.
Solicitud de aclaración al ente de control
Los Vocales de Control Social anunciaron que elevarán una solicitud formal a la Procuraduría. Quieren saber si la investigación implica detener procesos de contratación, modernización o mantenimiento del alumbrado público.
Para ellos, la claridad es fundamental, pues su labor consiste en vigilar la prestación del servicio, tramitar inquietudes de la comunidad y exigir que cada decisión institucional tenga en cuenta a quienes dependen de estos sistemas básicos.
Marcos Amaya, uno de los voceros con más trayectoria en veeduría ciudadana, explicó que este paso busca evitar interpretaciones erradas que terminen afectando el ritmo de los trabajos. Señala que la ciudadanía ha insistido durante años en la necesidad de mejorar la iluminación de los barrios, por lo que cualquier decisión sobre el contrato debe considerar ese contexto.
“En diferentes espacios formales e informales, el gerente y su equipo nos han socializado de manera adecuada los procedimientos, alcances y avances de dicha modernización, permitiéndonos ejercer nuestro rol de control social con información oportuna y suficiente”, expresaron.
El llamado de fondo
Asimismo, reiteran que apoyan la revisión del contrato y la búsqueda de transparencia. Al mismo tiempo, piden que las actuaciones institucionales no se conviertan en un retroceso para los derechos de los usuarios.
Insisten en que las decisiones sobre el alumbrado público deben priorizar el bienestar y la seguridad de los caleños y no apagar los esfuerzos por modernizar un servicio que la ciudad reclamaba desde hace años.
