Los vocales de control social de los servicios públicos en Cali se pronunciaron frente al proceso de modernización del alumbrado público, uno de los temas más sensibles para la ciudad por su impacto directo en la seguridad, la movilidad y la calidad de vida. En medio de la investigación disciplinaria que adelanta la Procuraduría General de la Nación sobre la contratación del servicio, los representantes de los usuarios pidieron claridad para evitar que las actuaciones de control deriven en una parálisis del sistema.
A través de un derecho de petición radicado el 17 de diciembre de 2025, los vocales solicitaron a la Procuraduría precisar el alcance real de las medidas adoptadas y de los anuncios recientes sobre el proceso. La preocupación central es que no se interrumpa un servicio considerado esencial y que, tras años de rezago, empieza a mostrar avances.
Desde el control social, los vocales reconocen que Cali arrastra un atraso significativo en materia de alumbrado público. “Reconocemos que tenemos un gran atraso en materia de modernización del alumbrado, atraso que debe ser superado de manera urgente”.
El diagnóstico no es nuevo. Durante cerca de dos décadas, el sistema no recibió las mejoras necesarias, ni la vigilancia suficiente, para garantizar una prestación adecuada.
Ese vacío se tradujo en luminarias obsoletas y en una modernización que no llegó a los barrios cuando más se necesitaba. Por eso, cualquier decisión que ponga en riesgo la continuidad del proceso genera inquietud entre las comunidades que han esperado por años una renovación del parque lumínico.
La investigación y la solicitud de claridad
A finales de noviembre, la Procuraduría anunció que asumió directamente la investigación sobre un contrato relacionado con la optimización del servicio. El proceso incluye la revisión de documentos y de posibles irregularidades en la contratación.
Frente a ese escenario, los vocales pidieron una respuesta expresa. Buscan saber si la investigación implica, o no, la suspensión total o parcial de la modernización en curso.
“La ciudad no puede correr el riesgo de interrumpir el servicio, de interrumpir la modernización ni interrumpir el mantenimiento de este servicio público tan esencial”, advierten.
También solicitaron que, de existir alguna decisión que limite la ejecución de los contratos, se detalle su naturaleza jurídica, su alcance y si afecta otros procesos distintos al que hoy está bajo la lupa disciplinaria.
Continuidad del servicio y control transparente
Los representantes de los usuarios insisten en que el control disciplinario es necesario y legítimo, siempre que esto no se traduzca en una afectación desproporcionada para la ciudadanía.
En ese sentido, consideran fundamental que la Procuraduría aclare si las actuaciones en curso son compatibles con la continuidad de la modernización, bajo el cumplimiento estricto de la ley y los principios de transparencia.
“Consideramos pertinente y necesario que se adelanten todas las investigaciones necesarias para garantizar la transparencia en la gestión del alumbrado”, señalaron. Además, destacaron que lo fundamental es asegurar que el servicio no se vea afectado.
El derecho de petición también plantea la necesidad de una comunicación clara entre la Procuraduría, la Alcaldía de Cali y EMCALI, así como la posibilidad de que los vocales participen en espacios de información. Para quienes ejercen el control social, la claridad institucional es clave para que el alumbrado público avance sin sombras y con garantías para la ciudad.
