Cali es hoy una de las ciudades colombianas con mayor presencia de población migrante venezolana. Las cifras muestran una realidad que se evidencia en las calles, barrios, colegios y espacios laborales de la capital vallecaucana.
De acuerdo con datos consolidados por la Personería de Santiago de Cali, en la ciudad residen actualmente más de 131 mil personas migrantes y refugiadas venezolanas. Se trata de una población que, con el paso de los años, dejó de ser transitoria y hoy hace parte del tejido urbano y social.
Este número ubica a Cali como uno de los principales destinos de acogida en el país. La cifra no solo refleja un fenómeno migratorio constante, sino también nuevos retos en atención social, acceso a derechos y convivencia ciudadana.
Migración en tránsito y presión humanitaria
Además de quienes ya se han establecido en la ciudad, Cali continúa siendo un punto de paso para miles de personas. Solo en los primeros meses de 2025, cerca de 38 mil personas fueron registradas en tránsito irregular, según los reportes institucionales.
Muchos de estos migrantes llegan sin redes de apoyo, con recursos limitados y en condiciones de alta vulnerabilidad. La ciudad recibe diariamente familias, jóvenes y adultos mayores que buscan continuar su camino o establecerse temporalmente.
Este flujo constante se da en un contexto nacional un poco complejo, pues en Colombia, más de siete millones de personas han sido desplazadas internamente, una cifra que evidencia la magnitud de la movilidad humana en el país y la presión sobre las ciudades receptoras.
Fuentes como ACNUR, R4V, la Defensoría del Pueblo y Naciones Unidas han advertido que la migración y el desplazamiento siguen siendo fenómenos activos, lejos de resolverse en el corto plazo.
Derechos, riesgos y alertas para la población migrante
Desde la Personería de Cali se insiste en un mensaje central: migrar no elimina derechos. La condición migratoria no puede convertirse en una barrera para el acceso a la protección, la dignidad y el respeto.
Sin embargo, la realidad muestra riesgos crecientes. Por ejemplo, en los últimos meses, las autoridades migratorias han alertado sobre el aumento de estafas dirigidas especialmente a migrantes venezolanos.
Delincuentes se hacen pasar por funcionarios y ofrecen trámites falsos de regularización. Prometen documentos como permisos temporales o salvoconductos a cambio de dinero.
Estas prácticas no tienen validez legal y dejan consecuencias graves. Las víctimas pierden recursos económicos y entregan datos personales que pueden usarse para otros delitos, como suplantación o extorsión.
Las autoridades recomiendan desconfiar de intermediarios y verificar cualquier trámite por canales oficiales.
Aporte económico y presencia cotidiana
La migración venezolana también tiene un impacto económico en el país. Un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones muestra que los hogares migrantes destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo básico.
Vivienda, alimentación, salud y educación concentran ese gasto. Ese movimiento económico dinamiza sectores como comercio, servicios y arriendo, tanto a nivel nacional como local.
En Colombia, el consumo de hogares venezolanos representa una parte significativa del impacto económico regional. Ese gasto genera impuestos indirectos y contribuye a la recaudación fiscal.
Aunque los retos persisten, los informes coinciden en que la migración no es necesariamente una carga económica, tema que se ah debatido constantemente. Por el contrario, aporta dinamismo, empleo y nuevas iniciativas productivas cuando existen procesos de integración, sin embargo, cada caso es distinto.
En Cali, el desafío no es solo atender la emergencia, sino fortalecer políticas de integración, prevenir abusos y garantizar derechos básicos.
