Se trata de Wilton Valencia Llano, un periodista y firmante de paz de 42 años. En la madrugada del 27 de diciembre, sobrevivió a un atentado sicarial a disparos contra la camioneta en la que se movilizaba. Ocurrió en el barrio Decepaz, al oriente de Cali. “Aquí en la casa veo a un tipo que me sale al frente… yo me alcanzo a tirar del carro, abro la puerta y me tiro, me arrastro”, relató Valencia a Blu Radio.
Según relató el firmante, antes había sido amenazado de muerte. “Yo recibí por redes sociales unas amenazas que no desestimé… lo denuncié, lo adjunté a todo este proceso, pero si esta gente no ve sangre…”, dijo. Valencia aseguró que puso su situación en conocimiento ante la Unidad Nacional de Protección (UNO) desde 2023.
A pesar de sus denuncias y el registro ante la UNP, según Valencia, no ha tenido una respuesta de seguridad oportuna acorde a su situación. Aseguró que, aunque la UNP reconoció que su vida estaba en riesgo, le otorgó medidas de protección como un chaleco, algo que él califica de ser “insuficiente”.
Firmante de Acuerdo de Paz sobrevivió a un atentado sicarial cuando llegaba a su vivienda ubicada en el Barrio Decepaz, oriente de Cali. Denuncia amenazas previas y falta de protección por parte de las autoridades. #VocesySonidos pic.twitter.com/E82ZZ3NpT1
— BLU Pacífico (@BLUPacifico) December 27, 2025
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Van 38 firmantes de paz asesinados en 2025
Así lo reporta el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). El último firmante de paz asesinado fue Danny Leandro Holguín, quien murió el pasado 10 de diciembre tras estar desde agosto en coma inducida luego de recibir un impacto de bala. Holguín era de Vistahermosa, Meta, y se encontraba en proceso de reincorporación.
La violencia contra los firmantes de paz es alarmante. Muchos de ellos se asentaron en zonas que antes dominaban las extintas Farc y que son estratégicas para el narcotráfico o la minería ilegal. También son objeto de “ajustes de cuentas”, estigmatización y violencia por el liderazgo social que varios asumen.
Los firmantes de paz están protegidos bajo la ley. El punto 3.4 del Acuerdo establece la creación de un Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, diseñado específicamente para proteger a los firmantes y a los líderes sociales. También existe el decreto 660 de 2018 que establece el “Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios”, con un enfoque preventivo y colectivo.
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