Luego de las protestas y la incertidumbre manifestada por padres de familia y docentes, la Secretaría de Educación Distrital aclaró la situación de la Institución Educativa Técnico Industrial Veinte de Julio. La administración descartó el cierre definitivo del plantel, pero confirmó que, por razones de seguridad, se restringirá el uso de las zonas con riesgos estructurales ubicadas en la ribera del río Cali.
La decisión responde a una tutela fallada en diciembre pasado, que se suma a una sentencia de hace 13 años sobre la que no se había tomado acción. El objetivo primordial, según las autoridades, es preservar la vida de la comunidad educativa ante el deterioro de la infraestructura que colinda con el cauce del río.
Zonas restringidas y reubicación de estudiantes
La secretaria de Educación, Sara Rodas, explicó que el riesgo se concentra en un bloque específico de aulas situadas a menos de 30 metros del río. Debido a esto, se ha diseñado un plan de contingencia que incluye:
- Traslado temporal: cerca de 120 estudiantes de los grados décimo y undécimo serán reubicados en otras sedes de la misma institución.
- Visitas técnicas: se realizarán inspecciones detalladas para demarcar con precisión las áreas que quedan fuera de servicio por seguridad.
- Continuidad académica: la medida busca garantizar que el inicio de clases, programado para el 26 de enero, no sufra traumatismos para la mayoría del alumnado.
Cronograma de decisiones
Frente a las preocupaciones de la comunidad sobre el impacto en los procesos formativos, la Secretaría anunció una mesa de concertación con delegados de los padres y docentes. “El propósito es definir una ruta compartida y transparente”, señaló Rodas.
El cronograma establecido por el Distrito es el siguiente:
- Concertación: reuniones con la comunidad educativa para discutir las opciones de traslado.
- Definición oficial: a más tardar el 20 de enero se comunicará la resolución definitiva sobre la distribución de los grupos y el uso de las instalaciones.
Con esta medida, el gobierno local busca equilibrar el derecho a la educación con el deber de protección civil, evitando tragedias estructurales en una sede que ha esperado por soluciones de fondo durante más de una década.
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