La Contraloría Distrital de Cali encontró múltiples hallazgos administrativos contractuales en la Secretaría de Bienestar Social, cartera hoy dirigida por Johana Caicedo. Los hallazgos, que abarcan la vigencia del 2024 y primer semestre de 2025, tendrían presunto detrimento patrimonial por $5.505.573.166. Entre ellos, estaría el pago a servicios de salud de personas fallecidas o que no estaban registradas en el Sisbén.
De los 24 hallazgos, 23 tienen presunta incidencia disciplinaria y otros 15, incidencia fiscal. Además de los pagos a personas que habrían fallecido, también reportó pagos sin soportes o entregables, así como discrepancias financieras. Cabe aclarar que Bienestar Social estuvo bajo la dirección de tres secretarios, antes de Caicedo: Carolina Quijano, María Isabel Barón y Flavio Carabalí.
Por otro lado, además de estos hallazgos, la Contraloría también encontró otros 19 hallazgos administrativos en Bienestar Social para la vigencia del 2024 con un supuesto detrimento de 864 millones de pesos. Estos quedaron registrados en otro informe de auditoría, en donde además el órgano de control le puso la lupa a las demás secretarías de la administración. La Contraloría elevó algunos casos a la Fiscalía y la Procuraduría. Por su parte, la Secretaría de Bienestar aseguró que ha actuado bajo legalidad y transparencia.
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Los pagos a personas fallecidas
La Contraloría detectó un detrimento de $1.400 millones en un contrato para dar albergue y atención a adultos mayores en condición de descuido, abandono y víctimas de violencia intrafamiliar. Esto, porque habría hecho pagos a servicios para, por lo menos, 26 personas que aparecían como fallecidas, no estaban en la base del Sisbén o pertenecían al régimen contributivo (cuando el programa era para población vulnerable sin recursos).
El detrimento, en promedio por cada persona, oscila entre los 36 y 40 millones de pesos. Además de esto, la Contraloría evidenció que se autorizaron pagos millonarios sin evidencia documental (facturas, planillas de asistencia, fotografías, contratos de personal). Algunos ejemplos son el pago de transporte y alimentos para eventos con víctimas sin evidencia de uso, así como pagos por 400 refrigerios cuando solo asistieron 80 personas.
Por otro lado, también asegura que se autorizaron pagos de servicios públicos (energía, gas, internet) y nómina correspondientes a meses anteriores al inicio de los convenios o contratos. Todo esto, llevó a discrepancias financieras, pues se desembolsaron 1.638 millones de pesos —el costo total del convenio—, a pesar de que los informes financieros mostraban un monto de 1.467 millones.
Por su parte, Bienestar Social aclaró que estos pagos corresponden únicamente a la atención que la ESE San Miguel presta a los beneficiarios hasta el día antes de su muerte. Por eso, señaló que cuando las personas fallecen, se verifica el listado e inmediatamente son retiradas. “Los pagos realizados están plenamente soportados. Es completamente falso que se hayan efectuado pagos por atención a personas ya fallecidas”, dice la cartera en un comunicado.
Las fallas en los estudios y etapas contractuales
La Contraloría señala que los estudios previos para los contratos son deficientes, faltos de rigor técnico y de planeación. Por eso, dice que Bienestar Social contrató personal de apoyo a la gestión sin definir claramente qué tipo de profesional se requería, convirtiendo la selección en un proceso subjetivo y riesgoso. Se exigía un título profesional y un tiempo de experiencia, pero sin especificar disciplina académica.
Por otro lado, hubo estudios de mercado irreales. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento de inmuebles para la atención de adultos mayores, el estudio no reflejaba la necesidad planteada. Como consecuencia de eso, habría violado el Decreto 1082 de 2015 al no verificar que los bienes comprados satisfacían realmente la necesidad.
La entidad requería un inmueble con 11 oficinas cerradas, 5 baños (aptos para discapacitados), 3 salas de espera y rampa de acceso. Las ofertas comparadas en el estudio de mercado (metrocuadrado.com y Fincaraiz.com) no cumplían con estos requisitos. Se cotizaron inmuebles con solo 4 o 5 oficinas, sin baños adecuados para discapacitados o sin las condiciones de seguridad exigidas.
Entre otros hallazgos está la incoherencia entre contratos y proyecto de inversión, que se vio reflejado en un contrato para el proyecto “Fortalecimiento de servicios a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras”, en donde solo una de las seis obligaciones de los estudioso previos estaba relacionada con dicho proyecto.
Justificaciones falsas para adición presupuestal y deudas pendientes
Uno de los hallazgos encontrados por la Contraloría se centra en el contrato 4146.010.26.1.1744.2024, destinado al fortalecimiento integral de comunidades indígenas. Al finalizar el contrato el 31 de diciembre de 2024, quedó un saldo pendiente por más de 171 millones de pesos. Además, aunque en el acta de liquidación quedó la constancia de la deuda, Bienestar Social no lo consolidó como una cuenta por pagar.
Por otro lado, hubo errores en la liquidación y registro de pasivos. En otro contrato, enfocado en crear un plan de prevención de violencia basada en género para mujeres y familias indígenas, la Secretaría de Bienestar tenía una deuda por 176 millones aun habiendo cerrado el contrato. Al igual que el contrato anterior, Bienestar no lo reconoció como una cuenta por pagar.
Los otros 19 hallazgos en Bienestar Social
Además de los 23 hallazgos, la Contraloría halló otros 19 para la vigencia del 2024 con un detrimento por $864.413.128 pesos. De esos, 18 son de incidencia disciplinaria y otros 4 de incidencia penal.
Por ejemplo, en los convenios para la atención integral a la primera infancia (Modelo Cariño), los operadores no cumplieron con la cobertura poblacional proyectada en las modalidades familiar, propia e institucional. Además, no se especificó la categoría del Sisbén de los menores y se realizaron pagos por concepto de infraestructura sin los debidos soportes.
Además, la Contraloría destaca que se realizaron obras de mantenimiento en las Unidades de Transformación Social (UTS) Santa Elena, El Presbítero, La Selva y Mi Bosquecito que presentaban deficiencias de calidad, como pintura incompleta en rejas, humedad en muros recién pintados e instalación de baldosas de caucho que no cumplían las especificaciones. Esto generó un detrimento de más de $24 millones.
Además de estas, se encontró presuntos sobrecostos en un contrato para encuentros de cuidado emocional. Ahí, se pagó por el alquiler de 32 buses cuando solo se requerían ocho. También pagó por cuatro encuentros, pero solo hubo uno, y se facturaron 1.200 almuerzos para menos personas. El detrimento sería de 119 millones de pesos.
En estos hallazgos, las fallas en atención a adultos mayores persisten. Señala que en un convenio para su atención, encontró en la base de datos beneficiarios que no corresponden a la población objetivo, clasificada entre los 18 y 59 años. A su vez, en noviembre y diciembre de ese año, no operó en dispositivo móvil de atención para habitantes de calle.
¿Falsedad de documento? Uno de los hallazgos más graves
El órgano de control identificó patrones graves de falsedad ideológica en documento público en la ejecución de convenios destinados a mujeres y hombres en equidad. Por ejemplo, señala que en el convenio para empoderar política y socialmente a mujeres, hubo firmas falsificadas, manipulación en las bases de datos y actividades fantasma. Aunque este debía ejecutarse en toda Cai, no hay evidencia de su presencia en las comunas 4, 7, 12 y 22.
Todo esto generó un presunto detrimento patrimonial de más de 31 millones de pesos y la comisión de un delito de tipo penal por falsedad ideológica en documento público. Este delito, según el Código Penal, conlleva penas de prisión de entre 5 y 12 años. También inhabilita para funciones públicas.
Por otro lado, este patrón se repitió en un convenio para transformar roles de género en hombres. Hubo suplantación en planillas, información falsa en caracterización de la población, lo que conllevó un posible detrimento por más de 50 millones de pesos. La Contraloría elevó estos casos a la Fiscalía y la Procuraduría.
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