La Alcaldía de Cali, mediante la Secretaría de Educación Distrital, activó un plan de inspección y vigilancia sobre los establecimientos educativos privados de la ciudad. El objetivo es garantizar que los costos educativos para el año lectivo 2026 se ajusten a la legalidad. Estas acciones buscan proteger la economía de las familias caleñas frente a posibles abusos en matrículas, pensiones y materiales.
El abogado Carlos Fernando Beltrán, del subproceso de Inspección y Vigilancia, confirmó que el ente territorial aplica la Circular 002 de 2026 del Ministerio de Educación. “Activamos los mecanismos para garantizar que no existan abusos ni en las listas escolares ni en los procesos de adquisición”, señaló el funcionario. La medida asegura que las instituciones operen bajo principios de justicia económica y transparencia.
Restricciones y obligaciones para los colegios
La Secretaría enfatizó que todos los colegios no oficiales deben cumplir disposiciones obligatorias para evitar sanciones. Entre las reglas principales destacan:
- Topes en costos: los incrementos en matrículas y pensiones deben seguir los regímenes de libertad regulada o controlada. No se permiten cobros por conceptos no autorizados.
- Sin exclusividad de marcas: las instituciones no pueden exigir marcas específicas ni proveedores determinados para uniformes, textos o útiles.
- Entrega progresiva: los padres no están obligados a entregar toda la lista de materiales al inicio del año. Los útiles se proveerán según las necesidades pedagógicas de cada periodo.
- Vigencia de textos: solo se pueden solicitar libros con una vigencia mínima de tres años para evitar cambios anuales innecesarios.
Canales para denunciar irregularidades
Todos los establecimientos debieron registrar sus tarifas y listas en la aplicación Evaluación Institucional (EVI). Esta información pública sirve como base para las auditorías que el Distrito realizará durante el primer trimestre del año. Las autoridades recordaron que los denominados “otros cobros”, como seguros o salidas, deben contar con la aprobación previa del Consejo Directivo.
Si los padres identifican cobros injustificados o exigencias prohibidas, pueden reportar el caso a través del Sistema de Atención al Ciudadano (SAC). El reporte puede hacerse en la web oficial de la Alcaldía o de forma presencial en el Edificio Bulevar. El Distrito insiste en que la educación debe ser un derecho protegido contra cualquier tipo de abuso económico en los establecimientos particulares.
Lea también: Más de 140 mil estudiantes regresan a clases en Cali
