La Contraloría de Cali identificó hallazgos fiscales por cerca de $9.698 millones relacionados con la gestión y liquidación de EMSIRVA E.S.P., la empresa de aseo en liquidación, en coordinación con la UAESP, entidad encargada de supervisar y controlar la prestación de los servicios públicos en la ciudad. La revisión abarcó la gestión de residuos sólidos durante 2023, 2024 y hasta el 30 de abril de 2025, evaluando contratos, supervisión y uso de los recursos públicos.
Entre los principales hallazgos se detectaron irregularidades en varios contratos. Por ejemplo, en el contrato para el mantenimiento y control ambiental del antiguo vertedero de Navarro se evidenció que no se incluyó la determinación del AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad), un requisito que, según la Contraloría, es obligatorio en los estudios previos.
Sobre ese mismo contrato, la auditoría encontró además que fue modificado posteriormente mediante otrosíes que incrementaron su valor en más de $350 millones e incorporaron actividades que no guardaban relación técnica ni funcional con el objeto inicial, situación que fue calificada como un hallazgo con posible incidencia disciplinaria, fiscal y penal.
Otros hallazgos
La revisión también evidenció deficiencias en la selección del personal vinculado a contratos de vigilancia, donde las hojas de vida reportadas no coincidían con el personal que efectivamente prestó el servicio. La supervisión no documentó los cambios ni verificó la idoneidad del personal.
Además, en procesos de contratación para mantenimiento de zonas verdes, se observó que el comité evaluador no estuvo conformado correctamente. Firmas de personas que no fueron formalmente designadas generaron inconsistencias en la validez de los actos de adjudicación, afectando la transparencia y legalidad del proceso.
La Contraloría también detectó que en un contrato de asesoría en comunicación por $125,6 millones no hay pruebas claras de que el trabajo se haya hecho. Aunque EMSIRVA pagó el contrato, los documentos no muestran resultados ni productos que respalden las actividades contratadas, lo que revelaría fallas en la supervisión y un posible detrimento de recursos públicos.
A estos hallazgos se suman fallas en los informes de supervisión de la UAESP, donde se habrían registrado actividades sin fechas precisas ni soportes completos, lo que impide verificar si los contratos se cumplieron como estaba previsto.
En total, se revisaron 215 contratos suscritos entre 2023 y 2025, por un valor de más de $14.000 millones, incluyendo asesorías jurídicas, financieras y técnicas. La auditoría confirmó que los informes de gestión y estados financieros se encuentran publicados y disponibles para consulta pública, garantizando transparencia y rendición de cuentas.
