El caso de Hernando Ortiz, un paciente de 74 años, expone una vez más las graves fallas en la atención de la Nueva EPS. Según reportó Blu Radio, el adulto mayor requiere una cirugía de corazón urgente desde octubre del año pasado. A pesar de contar con un fallo de tutela a su favor, la entidad aún no programa el procedimiento, lo que ha provocado un deterioro crítico en su salud.
Juan Manuel Ortiz, hijo del afectado, relató en entrevista con el medio citado que su padre ingresó inicialmente a la Clínica Versalles por un fuerte dolor torácico. En aquel momento, los médicos determinaron que su corazón funcionaba al 50 %. Sin embargo, tras cinco meses de trámites fallidos y hospitalizaciones prolongadas, la capacidad cardíaca del paciente cayó a niveles alarmantes de entre el 16 % y el 18 %.
Justicia ignorada y desacato judicial
Ante la demora administrativa, la familia recurrió a una acción de tutela que un juzgado falló a favor en noviembre. La orden judicial exigía a la Nueva EPS garantizar la intervención de manera inmediata. Debido al incumplimiento, el mismo despacho abrió un incidente de desacato contra los funcionarios de la entidad en el suroccidente del país. No obstante, los familiares denuncian que estas herramientas legales no han sido suficientes para salvar la vida del paciente.
“El desacato fue ignorado. Aunque haya un fallo a nuestro favor, siguen negando la entrada de mi papá a una clínica para ser operado”, manifestó Juan Manuel Ortiz a Blu Radio. El paciente no solo enfrenta la insuficiencia cardíaca, sino que ahora padece un edema pulmonar. Esta complicación, sumada al desgaste emocional por la espera, agrava su pronóstico cada día que pasa sin entrar al quirófano.
Falta de camas: la respuesta de la EPS
La justificación recurrente de la Nueva EPS es la supuesta falta de disponibilidad de camas en las instituciones habilitadas. La familia ha solicitado el traslado a centros de alta complejidad como la Fundación Valle del Lili o la Clínica Imbanaco. Según explicaron a la emisora, estos centros cuentan con la capacidad técnica, pero el convenio o la autorización administrativa no se ha concretado.
Este caso refleja la crisis que atraviesan muchos de los 11 millones de afiliados de la Nueva EPS a nivel nacional. Mientras la entidad argumenta problemas logísticos, la familia Ortiz insiste en que el tiempo se agota. Por ahora, el paciente permanece en cuidados intensivos, a la espera de que una orden administrativa logre lo que un juez de la República no ha podido: garantizar su derecho a la vida.
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