La administración distrital de Cali intensificó su ofensiva contra la minería ilegal en el Parque Nacional Natural Farallones. Como parte de esta estrategia, la Alcaldía presentó un cartel con los ocho hombres más buscados por delitos ambientales en la zona. El objetivo principal es desarticular las redes criminales que contaminan las fuentes hídricas y destruyen los ecosistemas de alta montaña que abastecen de agua a la capital del Valle.
La bolsa de recompensas establece un pago de hasta $100 millones por información que permita capturar y judicializar a los principales cabecillas. Asimismo, las autoridades ofrecen hasta $5 millones a quienes ayuden a ubicar insumos clave para la minería. Esta lista incluye mercurio, molederos, plantas eléctricas, taladros y explosivos. La decisión surgió tras un consejo de seguridad ampliado donde participaron la Fuerza Pública y autoridades regionales para blindar el área protegida.
Control territorial y cifras de operatividad
El secretario de Seguridad y Justicia, Javier Garcés Mosquera, explicó que estos insumos no solo facilitan el delito. También generan daños irreversibles en la biodiversidad y ponen en riesgo la salud de las comunidades rurales. Actualmente, el Ejército y la Policía de Carabineros mantienen un despliegue permanente en el parque. Su labor principal consiste en evitar la reapertura de las 11 bocaminas que fueron intervenidas y cerradas durante la ‘Operación Farallones’ en 2024.
Desde el inicio de estos operativos, la Fuerza Pública ha capturado a seis personas relacionadas con la explotación ilícita de yacimientos. Cuatro de estas detenciones ocurrieron en flagrancia. Además de los arrestos, los uniformados han destruido maquinaria pesada, motores y herramientas utilizadas para la extracción de oro. Los esfuerzos conjuntos entre la Gobernación del Valle y Parques Nacionales buscan erradicar definitivamente la presencia de mineros ilegales en los puntos más críticos de la reserva.
La Alcaldía inició la distribución de volantes en los corregimientos con jurisdicción en el Parque Farallones para incentivar la denuncia ciudadana. Las autoridades garantizan absoluta reserva para quienes aporten datos que conduzcan a la incautación de materiales peligrosos como el mercurio. Con estas medidas, Cali busca consolidar la protección de sus recursos naturales tras el impulso ambiental que dejó la COP16 en la región.
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