Tras la reciente decisión de la mesa directiva del Concejo de Cali de frenar el proceso para elegir al próximo contralor, los cabildantes reaccionaron con posturas divididas. Esta medida anula todo lo avanzado desde el año pasado para seleccionar al jefe del organismo de control. La decisión implica que la corporación deberá empezar el trámite desde cero, lo que ha generado un intenso debate.
La acción, respaldada por la presidenta Daniella Plaza y el vicepresidente Andrés Escobar, deja sin efectos los trámites realizados durante el 2025. El argumento principal para tomar este camino es sanear el procedimiento y asegurar que la convocatoria pública cumpla con todas las exigencias legales. Ahora, el Concejo deberá contratar a una universidad o institución de educación superior para que brinde el apoyo técnico y jurídico necesario en esta nueva etapa.
Según señalan, esto busca evitar futuros líos legales que puedan poner en riesgo la estabilidad de la Contraloría de Cali para el periodo 2026-2029. Sin embargo, la decisión no cayó bien en todos los sectores. Mientras la presidencia defiende la transparencia del nuevo proceso, otros concejales consideran que se está dilatando una elección que ya estaba cerca de concluir.
Diferencias en la mesa directiva
La segunda vicepresidenta, María del Carmen Londoño, quien se negó a firmar el documento, señaló que el proceso que venía del año pasado debía continuar hasta su fase final. Su propuesta era escuchar a los candidatos que ya hacían parte de la terna y proceder con la votación definitiva. Por esta razón, la concejala solicitó formalmente que se revoque la decisión de empezar de cero.
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En el otro lado del debate, el concejal Carlos Andrés Arias defendió la legalidad de las actuaciones del Concejo. Arias aseguró que han seguido las recomendaciones de los órganos de control como la Procuraduría. “Se quiere vender la idea que no hemos actuado en derecho, cuando hemos hecho lo que pide el órgano de control y las condiciones o exigencias, a la fecha, no han cambiado”, señaló.