El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) inició controles estrictos para proteger la palma de cera durante la Semana Mayor. Esta especie, símbolo patrio de Colombia, sufre una presión crítica por el uso tradicional de sus ramas en celebraciones religiosas. Por ello, las autoridades ambientales ejecutan más de 10 operativos en plazas de mercado y terminales de transporte para evitar su comercialización ilegal.
Las jornadas de vigilancia cuentan con el apoyo de la Policía Ambiental y el Ejército Nacional. El objetivo principal es custodiar el hábitat del loro orejiamarillo, ave que depende exclusivamente de estos palmares para su supervivencia. La autoridad ambiental busca que los ciudadanos reemplacen los ramos de palma por plantas vivas o pañuelos blancos en sus actos litúrgicos.
Freno a la comercialización de fauna silvestre
Además de proteger la flora, los operativos interceptan el transporte de animales silvestres hacia el casco urbano. Durante esta temporada, aumenta la venta ilícita de especies para consumo humano, práctica conocida como “carne de monte“. Las inspecciones vigilan especialmente la entrada de armadillos, guaguas, dantas y tiburones, cuya caza está prohibida por la ley colombiana.
Lina Marcela Botia Muñoz, directora del Dagma, hizo un llamado a la conciencia ética de los caleños. La funcionaria recordó que la protección de los ecosistemas es un deber ciudadano que va más allá de las normas. El personal técnico permanecerá en alerta permanente en los accesos viales para realizar decomisos y garantizar una celebración en paz con la naturaleza.
Cárcel y multas por delitos ambientales
El tráfico de biodiversidad está catalogado como un delito penal con castigos severos. Bajo la normativa actual, quienes comercialicen palma de cera o fauna protegida enfrentan penas de hasta 135 meses de prisión. Estas sanciones buscan disuadir a los traficantes que aprovechan el flujo de turistas para lucrarse con el patrimonio natural del país.
Asimismo, las multas económicas pueden superar los 50.000 salarios mínimos. El Dagma enfatizó que los procesos sancionatorios se aplicarán con rigor a quienes sean sorprendidos con especímenes prohibidos. La meta institucional es reducir las cifras de extracción de biodiversidad y fomentar un turismo responsable en la capital del Valle.
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