Una multa que supera los 60 millones de pesos y un proceso penal ante la Fiscalía es el resultado de un grave caso de maltrato animal en el norte de Cali. Las autoridades rescataron a ocho perros y un minipig que vivían en condiciones lamentables dentro de una casa en el barrio Fonaviemcale.
El operativo, realizado en la Comuna 6, necesitó una orden de allanamiento porque los dueños impidieron el ingreso de los inspectores en varias ocasiones. Ahora, los animales reciben atención veterinaria mientras el responsable enfrenta las consecuencias legales de sus actos.
Cuando el equipo de protección animal logró entrar a la vivienda, evidenciaron que los perros presentaban infecciones de oído, pérdida de pelo y problemas severos en la piel por la falta de cuidado. Por otra parte, la minipig fue encontrada en un estado de desnutrición extrema. El animal no podía caminar bien debido al crecimiento excesivo de sus pezuñas y la pérdida total de su masa muscular.
Por la gravedad de los hallazgos, el Centro de Bienestar Animal se hizo cargo de los animales para intentar salvarles la vida. Por esta razón, la administración distrital decidió no quedarse solo en la sanción económica y llevar el expediente hasta la justicia penal. Se busca que este tipo de situaciones reciban un castigo ejemplar para que no se repitan en otros barrios de la ciudad.
Multa histórica por maltrato animal en Cali
La sanción impuesta al propietario asciende a los 60 millones de pesos, una de las cifras más altas registradas recientemente en Cali. Además de la multa, se ordenó el decomiso definitivo de todos los animales para que nunca regresen con su agresor.
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Carmen Elena Domínguez, directora de la Unidad de Protección Animal, confirmó que el caso ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación, donde se determinará la responsabilidad criminal del dueño por el sufrimiento causado a estos seres sintientes.
Este rescate fue posible gracias a las denuncias ciudadanas y al apoyo de la Policía Ambiental en la zona. Las autoridades locales insisten en que los caleños deben reportar cualquier sospecha de abandono o crueldad en sus vecindarios.
