Santiago de Cali enfrenta una de las crisis de seguridad más agudas de su historia reciente. El panorama se tornó crítico durante la segunda jornada de debate de control político a la Secretaría de Seguridad. Los concejales revelaron que la ciudad aporta hoy el 8,54% del total de homicidios en Colombia. Con una tasa de 45,6 muertes por cada 100 mil habitantes, la capital del Valle se consolida como la ciudad más violenta entre las principales capitales del país. Esta situación motivó a los cabildantes a proponer un toque de queda sectorizado y focalizado para menores de edad en las zonas con mayores índices de criminalidad.
Las cifras del Observatorio de Seguridad de Cali, con corte al 31 de marzo de 2026, confirman una tendencia devastadora. En los primeros tres meses del año, la ciudad registró un total de 267 homicidios. Al analizar los rangos de edad, los datos muestran que la población joven es la más afectada por el multicrimen. De las víctimas reportadas, 83 personas tenían entre 18 y 28 años, mientras que 15 muertes corresponden a adolescentes de entre 14 y 17 años. En total, casi el 37% de los asesinatos en este periodo se concentran en la juventud y niñez, víctimas de la instrumentalización criminal.
El mapa de la exclusión y el fracaso tecnológico
El concejal Sergio Mauricio Zamora Betancur lideró el análisis cuestionando la eficacia de la política pública actual. Zamora señaló que el mapa de la muerte en Cali coincide milimétricamente con el mapa de la exclusión social. Las comunas 13, 14, 15 y 21 son los epicentros de la violencia, donde la pobreza extrema y la deserción escolar facilitan el reclutamiento ilícito. Según el cabildante, factores como el narcotráfico y la minería ilegal en los Farallones alimentan el mercado de armas que termina impactando los barrios del oriente y la zona de ladera.
Por su parte, el concejal Roberto Ortiz Urueña denunció el deterioro del orden público y la aparente inoperancia de las herramientas de vigilancia. Ortiz alertó sobre la aparición de pancartas de las “Autodefensas Unidas de Nariño” en sectores como Siloé y la Avenida Circunvalar. El cabildante criticó que, a pesar de las inversiones, el sistema de cámaras y la fibra óptica presentan fallas críticas que impiden identificar a los responsables de sembrar el terror. Ortiz instó al gobierno distrital a priorizar la vida y dejar de “maquillar” la situación con mensajes institucionales positivos que no reflejan la realidad de los barrios.
Toque de queda contra el “guireo” y el “chacaleo”
Ante el crecimiento de los juvenicidios, los concejales Marlon Andrés Cubillos y Carlos Andrés Arias defendieron la propuesta del toque de queda focalizado. Esta medida busca establecer un escudo de protección en las comunas críticas para neutralizar fenómenos como el “guireo” y el “chacaleo”. Estos enfrentamientos entre pandillas y estructuras de microtráfico suelen ocurrir en horarios nocturnos y cobran la vida de adolescentes en situaciones de riesgo. La iniciativa no es nueva; es una respuesta institucional que busca frenar la pérdida de vidas que, según el Concejo, ya suma más de 29 mil jóvenes asesinados en Cali desde 1993.
La concejal Tania Fernández Sánchez subrayó que el 73% de los homicidios están ligados a la delincuencia común y organizada. Fernández solicitó una estrategia de intervención focalizada por barrios que incluya a las carteras de Educación y Desarrollo Económico. La cabildante cuestionó la falta de resultados operativos y pidió claridad sobre el estado del helicóptero ‘Halcón’, herramienta clave para la vigilancia aérea. Para el Concejo, no es suficiente con realizar debates protocolarios mientras los jóvenes ven el microtráfico como su única alternativa de subsistencia.
Presupuesto récord frente a la inoperancia operativa
Uno de los puntos más polémicos fue el manejo del presupuesto histórico destinado a la seguridad. El concejal Henry Peláez Cifuentes comparó la gestión actual con años anteriores, señalando que en 2024 se logró bajar el homicidio en un 21% con muchos menos recursos. Para 2026, aunque el dinero aumentó, la tendencia de muertes sigue al alza. Peláez enfatizó que el problema no es presupuestal, sino de direccionamiento. La criminalidad crece de la mano de las riñas y la extorsión que golpea a comerciantes en sectores como Santa Elena y el centro de la ciudad.
El concejal Rodrigo Salazar Sarmiento atribuyó este fracaso a la falta de liderazgo del alcalde en los temas de seguridad. Salazar reveló que el programa social ‘En la Buena’ presenta una deserción del 90%, lo que evidencia que la administración no logra proteger a los más vulnerables. El debate de control político continuará este jueves 9 de abril. En esta sesión, el secretario de Seguridad, Javier Garcés Mosquera, deberá dar respuestas sobre la infraestructura de videovigilancia y la ejecución del gasto. Cali exige acciones robustas y un comando unificado que integre inteligencia y justicia para detener el “juvenicidio” que hoy enluta a cientos de familias caleñas.
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