El alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para capturar a los responsables de los actos vandálicos contra el sistema MIO. Los hechos ocurrieron la noche del 8 de abril y afectaron gravemente la infraestructura del transporte masivo. El mandatario fue enfático al señalar que se iniciará un proceso de judicialización inmediato contra quienes destruyeron los bienes públicos de la ciudad.
Durante su declaración, Eder comparó la situación con casos de vandalismo en otras ciudades del país. Mencionó el ejemplo de Bogotá, donde personas que destruyeron el transporte público terminaron en la cárcel. “No es aceptable que una absoluta minoría destruya los bienes públicos para hacerse oír”, afirmó el alcalde. La administración municipal busca que los responsables de los ataques en las estaciones Tequendama y Meléndez enfrenten consecuencias legales similares.
Daños superan los 100 millones de pesos
Las pérdidas materiales por estos ataques se estiman en 100 millones de pesos. Metrocali informó que los daños afectaron validadores y diversos componentes tecnológicos del sistema. Para garantizar el servicio a los usuarios, cuadrillas operativas trabajaron durante toda la noche utilizando repuestos de reserva. Gracias a este esfuerzo, las estaciones fueron habilitadas desde las primeras horas de la mañana para no perjudicar a los ciudadanos que dependen del sistema.
Cerca de 40.000 usuarios resultaron afectados por estos actos violentos en un total de ocho estaciones. El alcalde Eder calificó lo ocurrido como violencia contra la ciudad y no como una protesta legítima. “Cuando se vandaliza el MIO, se afecta directamente a los ciudadanos de menores ingresos”, subrayó el mandatario. La SIJIN ya avanza en la revisión del material de las cámaras de seguridad para identificar a los vándalos involucrados en las movilizaciones.
Refuerzo en la seguridad del sistema
Para evitar nuevos incidentes, la Alcaldía implementará un componente especial de seguridad en el sistema MIO. Este plan contará con la presencia permanente de la Policía Nacional y mediadores de paz durante las futuras jornadas de movilización. El objetivo es proteger el patrimonio de los caleños y garantizar el derecho a la protesta sin que esto derive en la destrucción de la infraestructura pública.
El Gobierno Distrital reiteró su compromiso de ser garante de la protesta social, pero advirtió que será firme ante los hechos delictivos. Los recursos que ahora deben destinarse a reparaciones urgentes son dineros que dejan de invertirse en programas sociales y educación. Las autoridades invitan a la ciudadanía a denunciar y aportar información que permita hacer efectiva la recompensa y capturar a los responsables.
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