Tras el anuncio del nombramiento de Jorge Iván Ospina como interventor de la Nueva EPS sectores políticos del Valle expresaron su postura. Mientras algunos cuestionan su transparencia calculando en su pasada gestión local, otros lo ven como una oportunidad para rectificar errores en un momento crítico para la entidad.
Ana Erazo, exconcejal de Cali y representante electa a la Cámara por el Valle, fue una de las voces más fuertes en contra de esta designación. Erazo recordó su papel como opositora durante la alcaldía de Ospina y manifestó su desacuerdo. Para Erazo, el nuevo interventor tiene deudas pendientes con la ciudadanía caleña que debería resolver antes de asumir nuevas responsabilidades en el Gobierno.
“La vida y menos nuestro gobierno puede darle oportunidades a quienes no le han servido bien al pueblo. Jorge Iván primero debe rendirle cuentas al pueblo caleño”, aseguró la representante a través de sus redes sociales. Además, hizo un llamado a los actuales congresistas para que vigilen cada movimiento que se realice en la Nueva EPS.
Por otro lado, el senador Kevin Gómez, perteneciente al Pacto Histórico, tomó una posición de expectativa frente a la labor que desempeñará el médico caleño. Gómez considera que este nombramiento es una opción para que Ospina trabaje alineado con las promesas de campaña del actual Gobierno Nacional. Sin embargo, advirtió que la fuerza política del Pacto Histórico realizará un seguimiento estricto a su desempeño administrativo.
“El presidente le da una oportunidad para que corrija sus errores y le sirva con dignidad al pueblo y al proyecto del cambio”, afirmó el senador. Gómez recordó que la prioridad debe ser tratar la salud como un derecho y no como un negocio. Al igual que Erazo, se enfatizó en que estarán muy atentos a su gestión para asegurar que se cumpla con el programa de gobierno establecido.
El futuro de 11 millones de afiliados
Jorge Iván Ospina asume el mando en medio de una crisis financiera y operativa que pone en riesgo a más de 11,5 millones de personas. La Nueva EPS estuvo en un limbo jurídico desde el pasado 3 de abril, cuando venció la prórroga de su intervención.
Actualmente, la entidad enfrenta un deterioro administrativo que requiere soluciones urgentes para garantizar la atención médica.
