Las autoridades de Cali buscan a Dayro Alejandro Herrera Zapata por instalar cámaras ocultas en el baño de su vivienda para grabar a su hijastra. La justicia ya tiene en su poder el material probatorio que registra el momento en que el hombre oculta el dispositivo. Tras ser descubierto, Herrera Zapata huyó de la ciudad. Según la denunciante, el sospechoso podría encontrarse actualmente en el área metropolitana de Medellín.
La madre de la menor relató que, tras la huida, la familia empezó a recibir amenazas de muerte. Las intimidaciones provienen presuntamente de prestamistas bajo la modalidad de “gota a gota”. Según la denuncia, sujetos desconocidos llegan a la residencia para exigir el pago de deudas que el hombre contrajo, lo que genera un clima de temor sumado a la violación de la privacidad de la menor.
Marco legal: de la violación a la intimidad a la pornografía infantil
El caso trasciende la violación al derecho a la intimidad. Al involucrar a una menor de edad, la legislación colombiana activa protocolos severos contra la explotación sexual. El artículo 218 del Código Penal castiga a quien filme, grabe o posea material con actividad sexual real o simulada de menores de 18 años. Esta conducta constituye el delito de pornografía infantil, el cual conlleva penas de prisión que superan los diez años, independientemente de si el autor difunde o no el contenido.
Además, la normativa penaliza la violencia digital y el almacenamiento de este material en cualquier dispositivo. Las sanciones se agravan por el vínculo de confianza y convivencia que el agresor mantenía con la víctima. El sistema judicial busca proteger la integridad moral de los niños y adolescentes, castigando no solo la captura de las imágenes, sino el daño psicológico derivado del acoso y la vigilancia no consentida.
Reacciones y búsqueda del implicado
El hecho generó indignación en redes sociales, donde usuarios debaten sobre la seguridad de los niños en el hogar. Diversas personas señalan que la responsabilidad recae exclusivamente en el agresor. Otras víctimas de grabaciones no consentidas compartieron testimonios sobre la impunidad que suele rodear estos delitos, lo que refuerza la necesidad de una justicia efectiva y rápida.
La policía de Cali coordina la búsqueda con otras regiones para dar con el paradero de Herrera Zapata. El implicado deberá responder ante la justicia por los delitos de violencia sexual digital y violación a la privacidad. Las autoridades piden a la ciudadanía reportar cualquier información que facilite la captura de quien vulneró la dignidad de una menor bajo su propio techo.
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