Un nuevo caso de güireo y chacaleo se presentó en Cali, en esta ocasión en los barrios Ciudad Córdoba y El Caney. Estas confrontaciones entre jóvenes se registraron a plena luz del día, generando caos y temor entre los habitantes de estos sectores. Ante esta situación, la Personería de Cali manifestó su rechazo y advirtió que estos eventos se están repitiendo con mayor frecuencia. La entidad pidió acciones más efectivas para evitar que la integridad de los ciudadanos y de los mismos menores siga en riesgo.
Estas peleas pactadas, muchas veces ligadas a fiestas callejeras o “chacaleo”, terminan en enfrentamientos violentos con armas blancas. “No podemos normalizar que los jóvenes se citen para agredirse en nuestras calles”, señaló la Personería.
Además, advirtieron que estas prácticas vulneran los derechos de los niños y adolescentes involucrados. Por eso, llaman a no ver estos hechos como simples peleas de barrio, sino como un problema social grave. La zozobra que dejan estos encuentros afecta el comercio y el tránsito normal de los caleños en los sectores afectados.
Aunque existe una mesa técnica para tratar este tema, los resultados parecen no ser suficientes todavía. La Personería pidió fortalecer la unión entre la Policía, la Secretaría de Seguridad y las entidades de bienestar social. El objetivo es prevenir que más jóvenes caigan en estas dinámicas de violencia que muchas veces terminan en tragedias.
El llamado a las autoridades y la prevención
Precisamente, el pasado 17 de abril, las autoridades locales se reunieron para definir acciones frente a esta problemática que golpea al oriente de la ciudad. En este encuentro, liderado por la Personería y el Concejo de Cali, se analizaron cifras preocupantes sobre la violencia juvenil. Según datos de Medicina Legal, el 47% de los homicidios en la región afectan a jóvenes de sectores populares. Esta realidad ha llevado a que expertos hablen de un “juvenicidio”, especialmente en las comunas 13, 14, 15 y 21.
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Durante la reunión en la Biblioteca Departamental, se planteó la necesidad de actualizar la política pública de juventud. La concejal Daniella Plaza insistió en que no basta con la presencia policial, sino que urge ofrecer educación y empleo. Instituciones como la Defensoría del Pueblo y varias secretarías distritales se comprometieron a llevar programas de salud mental y deporte a los barrios más críticos.