Las marchas del 27 de septiembre convocadas por el Gobierno y el presidente Gustavo Petro han generado controversia debido a acusaciones de financiamiento con fondos públicos desde la Casa de Nariño.
Recientemente, líderes sociales de La Guajira denunciaron en un video que la Agencia Nacional de Tierras les prometió asistencia, incluyendo comida y transporte para unirse a las marchas, pero no cumplieron con ello. Esta falta de cumplimiento llevó a un bloqueo de carretera como protesta.
Jorge Luis Ortiz, presidente de las comunidades afrodescendientes de La Guajira, mencionó que apoyaban al Gobierno, pero los conductores de los buses no fueron pagados y recibieron alimentos de mala calidad que afectaron la salud de algunos manifestantes. Responsabilizó directamente a la “Agencia Nacional de Tierras”.
Una mujer representante de una asociación Asocabildos del departamento indicó que los buses se detuvieron porque no se había realizado el pago y que estaban esperando para llevar a las comunidades desde varias regiones del Caribe. Mostró su frustración por la falta de respeto hacia los manifestantes y la carencia de presupuesto y logística adecuados para la movilización.
