Se trata de la ley 2346 que le deja al Ministerio de Justicia, a través de la Uspec, la responsabilidad de mantener el servicio de alimentación en estaciones de policía y URI’s solo hasta el 30 de junio de 2025.
A partir de esa fecha, la responsabilidad será trasladada a las autoridades locales y regionales, es decir, alcaldía y gobernaciones que tendrán que encargarse de suministrar la comida a estas personas.
Con esta ley, según el MinJusticia, se busca evitar un cese en la prestación del servicio, asegurando los derechos fundamentales de quienes están detenidos preventivamente en centros transitorios.
El presupuesto previsto desde esa cartera para el 2024 es de más de $670.000 millones para el servicio de alimentación de los privados de la libertad.
Según el gobierno, actualmente, 17 mil personas privadas de la libertad reciben alimentación de la Uspec en las URI y estaciones de policía.
