La decisión la tomó la Procuraduría General y tiene relación con las posibles irregularidades que se presentaron durante el proceso para la licitación de pasaportes.
Según el órgano de control, el canciller Álvaro Leyva habría incurrido en dos faltas disciplinarias, calificadas de manera provisional como gravísimas cometidas a título de dolo.
La primera al declarar desierta la licitación 001 de 2023 sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal.
En segundo lugar, el organismo de control profirió cargos al ministro de relaciones exteriores por supuestamente decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación.
La entidad también precisó que la medida de suspensión se tomó en aras de evitar la posible reiteración de las faltas disciplinarias que se le atribuyen, teniendo en cuenta su rol como ordenador del gasto de la Cancillería.
