La denuncia señala que habría más de 200 contratos en poder de 59 operadores que registran el mismo representante legal, dirección de domicilio igual, característica en el formato de constitución, fecha de constitución y error en el objeto y alcance.
Fue la misma directora del ICBF, Astrid Eliana Cáceres, la que alertó sobre estas presuntas anomalías en la entidad.
“En revisión de los documentos que reposan en las carpetas de contratación del ICBF se pudo encontrar presunta documentación falsificada para soportar experiencia de los operadores que atienden a la primera infancia”, indicó la directora de la entidad.
Cáceres agregó que “en algunos contratos adjudicados años atrás, existían proyectos que se debían ejecutar en un lapso específico, lo realizan en menor tiempo, evitando así el pago a proveedores; sin embargo, se materializaba el cobro al instituto como si se hubiese hecho en el tiempo establecido”.
“Contratos de operadores también son los que tristemente han tenido mayor cantidad de casos de muertes de niñas y niños asociados a la desnutrición. Con estas instituciones el ICBF ha dejado de contratar, promoviendo el control a la veeduría ciudadana”, puntualizó la funcionaria.
