Se trata de un convenio que busca firmar el gobierno del presidente Gustavo Petro con al menos 800 iglesias en diferentes regiones del país para que puedan ser contratistas del Estado.
Cabe recordar que en todo el territorio se tienen contabilizadas más de 11.000 iglesias registradas. Lo que se busca es que estas 800 iglesias puedan contratar libremente en asuntos educativos, pedagógicos y de asistencia social a poblaciones vulnerables. Lo anterior aunque no paguen impuestos.
Marco Jesús Suárez, director encargado de la Oficina de Asuntos Religiosos del gobierno nacional, señaló que el objetivo es flexibilizar los requisitos para que nuevas organizaciones religiosas puedan unirse al proceso. Específicamente cambiaría el requisito de antigüedad: pasaría de 20 a 10 años desde su constitución para poder celebrar contratos con el Estado.
Sin embargo, para algunos sectores políticos, esta iniciativa puede ser interpretada como una intención del gobierno Petro para acercarse a los congresistas que representan a los sectores religiosos y que están agrupados en los partidos Mira, Colombia Justa Libres y Conservador.
Hasta ahora se desconoce cuándo se firmaría ese convenio y cuáles serían las iglesias beneficiadas con dicha iniciativa.
