La Corte Constitucional Anula la Creación del Ministerio de la Igualdad y Equidad pero Difiere los Efectos de la Decisión
La Corte Constitucional ha anulado la Ley 2281 de 2024, que estableció el Ministerio de la Igualdad y Equidad, dirigido por la vicepresidenta Francia Márquez. La anulación se debe a vicios en el trámite legislativo y a la falta de claridad en las facultades extraordinarias otorgadas al presidente Gustavo Petro. Sin embargo, los efectos de esta decisión se han diferido por dos legislaturas, hasta el final de la legislatura 2025-2026, permitiendo que el ministerio continúe operando hasta el 20 de junio de 2026.
Durante la noche del miércoles 8 de mayo, la Corte determinó que el proceso de creación del ministerio no cumplió con los requisitos legales, especialmente en relación al análisis de impacto fiscal requerido por la ley. Los demandantes, entre ellos Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín y José Jaime Uscátegui, criticaron específicamente el artículo 12 de la ley, que otorgaba al presidente la capacidad de emitir normas con fuerza de ley para integrar nuevas entidades al sector de Igualdad y Equidad.
La Corte subrayó que el Congreso no realizó el análisis de impacto fiscal necesario, estimando de manera no precisa los costos en 18.239 millones de pesos durante el primer debate en las comisiones conjuntas, lo cual contraviene el artículo 7º de la Ley 819 de 2003.
A pesar de la anulación de la ley, se ha dado un plazo hasta junio de 2026 para que el Congreso tramite una nueva ley que rectifique los defectos encontrados, después de lo cual la Ley 2281 dejará de tener efecto legal y será eliminada del ordenamiento jurídico.
