Debido a los continuos hechos de violencia que vive el departamento del Cauca por las disidencias de las FARC. La región se ha convertido en un destino inviable para el turismo.
El 30 de junio, Comfandi anunció el cierre temporal de sus hoteles en Coconuco y Silvia, Cauca, debido a la creciente violencia en la región. La violencia incluye ataques a la población civil y enfrentamientos entre disidencias del Estado Mayor Central y de las Farc. Esta situación ha afectado significativamente al turismo, con una caída en la ocupación hotelera y cancelaciones masivas de reservas.
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Entre enero y junio, la ocupación en los hoteles de Silvia y Coconuco disminuyó drásticamente, afectando la economía local y dejando a muchas personas sin empleo. La situación se agravó por los bloqueos en la vía Panamericana y los constantes enfrentamientos, haciendo inviable la operación hotelera.
Según Juana Cabezas de Indepaz, entre enero y junio de 2023. Se registraron 52 incidentes de violencia en el norte del Cauca, 18 más que en el mismo período del año anterior. Esta violencia ha sido especialmente intensa desde la ruptura del cese al fuego bilateral en marzo. Afectando no solo al turismo, sino también a otros sectores económicos como el comercio.
La situación ha desalentado el turismo debido a la instalación de minas antipersonal y el lento proceso de desminado, afectando las vías y el acceso a zonas turísticas. Además, se han reportado 46 casos de reclutamiento forzado de indígenas, contribuyendo a la inseguridad en la región.
¿Qué dicen los afectados?
Julián Torres, de Cotelco Cauca, estimó que las pérdidas en el sector de hospedaje desde 2023 superan los $5000 millones, y los costos indirectos podrían alcanzar los $20,000 millones. La ocupación hotelera en el departamento ha caído significativamente debido a los problemas de orden público y la imagen negativa de la región.
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Iván Carvajal, experto en seguridad, señaló que la violencia en el suroccidente colombiano se debe a la lucha por el control de economías ilícitas, como la coca y la minería ilegal, en un área que produce $1 billón al año. Los grupos armados no muestran interés en la paz, sino en controlar estas rentas criminales, y la Fuerza Pública no ha podido neutralizar la amenaza.
