Los uniformados realizaban control territorial cuando un grupo los acorraló en el área rural de San José del Guaviare. El Ministerio de Defensa señaló que el bloque ‘Jorge Suárez Briceño’ instrumentalizó a estas comunidades indígenas
Después de una mediación dirigida por organismos humanitarios internacionales como la ONU y nacionales como la Defensoría del Pueblo, la guardia campesina que retuvo a 66 uniformados en el Guaviare los liberó. Secuestraron a los militares mientras realizaban operaciones en la región para proteger a las comunidades locales de los enfrentamientos entre grupos disidentes de las FARC, liderados por alias Calarcá e Iván Mordisco, quienes mantienen una constante rivalidad por el control territorial.
El general Raúl Vargas, comandante del Comando Conjunto N.3, explicó que los uniformados estaban en la zona realizando operaciones de estabilidad. Su objetivo era evitar que los enfrentamientos entre las estructuras de alias Calarcá y alias Iván Mordisco escalaran, afectando gravemente a la población civil. La presencia militar en el área era considerada vital para mantener la paz y la seguridad de las comunidades vulnerables ante los conflictos armados.
Los responsables del secuestro se identificaron como miembros de la guardia campesina del sector y exigieron la presencia de autoridades locales y delegaciones internacionales para negociar la liberación de los uniformados. Aunque la guardia campesina asumió la responsabilidad del secuestro. Las Fuerzas Militares atribuyeron la verdadera instigación a disidencias de las FARC, específicamente a alias ‘Cancharino’, cercano a alias ‘Calarcá’ y jefe de finanzas de la estructura. “Jorge Briceño Suárez”.
Puede leer: Policía Captura a hombre de 20 años por agredir a su madre
Durante la liberación, la guardia campesina subrayó que el Estado no debe limitar su presencia en la región únicamente al despliegue de uniformados. Enfatizaron la necesidad de fortalecer la institucionalidad en un territorio históricamente afectado por la violencia de grupos armados ilegales. La guardia campesina exigió que, además de garantizar la seguridad. El Estado implemente políticas de desarrollo social y económico para abordar los problemas estructurales que afectan a las comunidades locales.
