Este 21 de agosto, el Congreso de la República radicó un proyecto de ley que propone modificaciones cruciales a la Ley 599 de 2000. Este proyecto busca reformar los artículos 83, 162 y 188 D de dicha ley, con el propósito de imponer sanciones más severas a las organizaciones criminales y a cualquier individuo que participe en el reclutamiento y utilización de menores de edad para cometer actos ilícitos.
El proyecto de ley, que cuenta con el respaldo de más de 120 parlamentarios, propone que aquellos implicados en estas actividades reciban la pena máxima contemplada en el sistema penal colombiano, que oscila entre 480 y 600 meses de prisión (40 a 50 años), junto con multas que van desde 2.666 hasta 7.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Este enfoque se presenta como una respuesta contundente al creciente problema del reclutamiento forzado de menores, un flagelo que ha afectado a miles de niños, niñas y adolescentes en el país.
La propuesta centraliza la imprescriptibilidad de la acción penal en los casos de reclutamiento ilícito de menores de 18 años, especialmente cuando se les utiliza directa o indirectamente en hostilidades o acciones armadas en el contexto del conflicto armado. Esta medida responde a la necesidad de garantizar que los crímenes contra los menores no queden impunes con el paso del tiempo.
El problema del reclutamiento ilícito de menores en Colombia ha sido una preocupación constante durante décadas. Alejandro Eder, actual alcalde de Cali, ha sido un defensor activo de esta causa, habiendo trabajado en la reintegración de excombatientes, muchos de ellos reclutados en su infancia. Eder también lideró la estrategia “Mambrú no va a la Guerra”, que previno el reclutamiento forzado en más de 50 municipios del país.
Cifras del reclutamiento y uso de menores de edad en la comisión de delitos
Las cifras son alarmantes. Según informes recientes, Colombia es uno de los 18 países en el mundo, y el único en el continente americano, donde se reclutan menores para el conflicto armado. De esos 18 países, Colombia es uno de los siete donde también se utilizan niñas en estos conflictos, según datos de Naciones Unidas.
Entre 2022 y 2023, 840 niños, niñas y adolescentes fueron atendidos en el Programa de Atención Especializada del ICBF para el restablecimiento de sus derechos tras ser desvinculados de grupos armados organizados. Además, en el mismo período, se reportaron 1.339 casos de uso de menores en la comisión de delitos, según la Fiscalía General de la Nación.
La magnitud del problema se refleja también en los datos históricos. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reportó 18.677 víctimas de menores de edad por reclutamiento ilícito entre 1996 y 2016, mientras que el Ministerio Público registró la atención de 7.455 menores desvinculados de grupos armados entre 1999 y 2023.
Estos números ponen en evidencia la necesidad de una respuesta contundente del Estado para proteger a los menores y sancionar a los responsables de estos crímenes atroces.
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Finalmente, con este proyecto de ley, el Congreso de la República busca enviar un mensaje claro: la protección de la niñez es una prioridad nacional, y aquellos que atenten contra su bienestar enfrentarán las consecuencias más severas.
