El Gobierno ha presentado una nueva propuesta para el incremento gradual del precio del diésel (ACPM). En respuesta al actual paro de camioneros que se vive en el país debido al alza de este combustible. La medida contempla un aumento mensual de $200 hasta diciembre de 2024, acumulando un alza total de $800 en lo que resta del año. Esta propuesta surge como un intento de mediar ante las crecientes tensiones y protestas de los transportadores, quienes han manifestado su inconformidad con los aumentos previos y el impacto que tienen en sus costos operativos.
Según la administración, esta estrategia de incremento escalonado busca minimizar el impacto económico para los usuarios del diésel. Especialmente aquellos vinculados al sector del transporte de carga y pasajeros. A partir de enero de 2025, el Gobierno analizará el comportamiento del mercado y del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) para determinar el monto restante del aumento necesario para alcanzar el precio objetivo de $1.904 por galón. Este ajuste se enmarca en una serie de políticas gubernamentales para adecuar los precios de los combustibles a los valores internacionales y así reducir la presión fiscal sobre el presupuesto nacional.
Uno de los argumentos del Gobierno es que, a pesar de los ajustes graduales, el precio del diésel en Colombia sigue siendo uno de los más bajos de la región. Sin embargo, los gremios de transportadores han expresado su preocupación por las posibles repercusiones que estos aumentos podrían tener en sus costos operativos y en la estabilidad de la cadena de suministro. Desde su perspectiva, un alza en el precio del diésel podría traducirse en un aumento en los costos de los servicios de transporte y, eventualmente, en el costo de los bienes de consumo, afectando al consumidor final.
Por su lado, el presidente Gustavo Petro, consciente de estas preocupaciones, ha señalado que el Gobierno está dispuesto a dialogar con los sectores afectados para encontrar soluciones que mitiguen el impacto de esta medida. La administración insiste en que el ajuste es necesario para mantener la estabilidad macroeconómica del país y reducir el creciente déficit del FEPC, el cual ha tenido que ser cubierto con recursos del presupuesto nacional en los últimos años. Esta nueva propuesta busca, en parte, calmar las tensiones sociales y reactivar el diálogo con los transportadores, quienes continúan en paro.
“El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, reitera su interés en mantener el diálogo, durante estos días de manifestaciones, donde hemos limitado el uso de la fuerza. Creemos en una solución a través del diálogo. Es un momento histórico donde escuchamos a las bases del gremio transportador. Por eso nuestra propuesta es acompañar la medida con el desarrollo de mesas de trabajo y atender las causas justas que hoy afrontan, en aras de democratizar el transporte en el país. Esto implica tomar acciones que van más allá de lo planteado durante estos días. La instrucción del presidente es mantener una interlocución directa y disponer de todos los canales necesarios para garantizar una comunicación, en todos los niveles”, declaró la ministra de Transporte, María Constanza García Alicastro.
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Finalmente, mientras el Gobierno se prepara para aplicar el ajuste, la clave estará en cómo se gestione el diálogo con los actores involucrados y en la capacidad de implementar medidas que amortigüen los efectos de esta alza. La discusión pública sobre este tema seguirá siendo crucial en los próximos meses, ya que se determinará el futuro del precio del diésel y su impacto en la economía nacional y la estabilidad social.
