La Corte Constitucional emitió un fallo que benefició a dos trabajadores que habían sido despedidos por tener cáncer y por un accidente laboral.
La Sala Tercera de Revisión indicó que las personas que padecen enfermedades graves, como cáncer, enfrentan diferentes obstáculos para mantener sus empleos. Además, aseguraron que existe la necesidad de una estabilidad ocupacional reforzada con un enfoque de género.
Este fallo destaca que la discriminación en el trabajo por razones de salud afecta especialmente a las mujeres y a aquellos con vulnerabilidad económica.
Los casos analizados correspondían a dos ciudadanos que argumentaron que sus derechos a la igualdad, al mínimo vital y a la estabilidad ocupacional reforzada fueron vulnerados por la terminación o no renovación de sus contratos.
Estos son los casos
Uno de los casos es de Camila, quien interpuso una tutela contra la Unidad Prestadora de Salud del Atlántico de la Policía Nacional. Según la afectada, su contrato no fue renovado a pesar de que se encontraba en tratamiento médico e incapacidad por un diagnóstico de cáncer de mama.
La Corte indicó que en su condición era necesario mantener su estabilidad laboral, para garantizar que Camila siguiera de manera correcta su tratamiento. Asimismo, también para protegerla de la discriminación laboral basada en su estado de salud.
El segundo caso, Francisco presentó una tutela contra la empresa de limpieza de vehículos automotores Washcity Parking Autolavado por terminar anticipadamente su contrato. Cuando la empresa acabó con el contrato, estaba incapacitado debido a las secuelas de un accidente laboral.
La Corte señaló que el despido debió contar con la autorización del Inspector del Trabajo y considerar alternativas para permitir la continuación del vínculo laboral, como ajustes razonables en el entorno laboral o la reubicación del trabajador.
Para ambos casos, la entidad judicial ordenó a las empresas volver a contratar a Camila y Francisco con las mismas condiciones laborales o mejores.
Además, dispuso el pago de los honorarios dejados de percibir desde la presentación de las tutelas hasta la decisión final y ordenó una indemnización de acuerdo con el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, que corresponde al pago de 180 días de honorarios.
La Corte ha dejado claro que la protección de los derechos laborales no debe ser excluyente y debe considerar las condiciones específicas de vulnerabilidad en cada caso.
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