El gobierno colombiano, liderado por el presidente Gustavo Petro, ha presentado una nueva versión de la reforma a la salud ante el Congreso, generando una amplia discusión sobre el rol que jugarán las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en el sistema. Este proyecto, uno de los pilares de la agenda gubernamental, propone realizar cambios estructurales para transformar el modelo de aseguramiento, gestionar mejor los recursos y mejorar el acceso a los servicios de salud.
¿Qué pasará con las EPS?
La reforma plantea que las EPS no desaparecerán de inmediato, como se había especulado en versiones anteriores. Sin embargo, su papel será modificado de manera significativa. Bajo el nuevo esquema, las EPS se convertirán en ‘Gestoras de Salud y Vida’ (GSV), entidades que se encargarán principalmente de la prestación y articulación de servicios en territorios específicos, funcionando más como entidades de acompañamiento y supervisión que como aseguradoras.
Según la propuesta, las EPS que opten por seguir operando tendrán un plazo de 60 días hábiles, a partir de la reglamentación oficial, para decidir si desean ajustarse a los nuevos lineamientos. De optar por continuar, deberán presentar un plan de saneamiento financiero, el cual tendrá que ser implementado en un máximo de 48 meses, incluyendo acuerdos con acreedores y el respaldo de garantías financieras. Al finalizar ese periodo, las EPS deberán demostrar que han saldado todas sus deudas. En caso contrario, se enfrentarán a un proceso de liquidación. Las EPS que decidan no continuar también deberán presentar un plan para cubrir sus pasivos en un plazo similar, priorizando el pago a los trabajadores de la salud, sin importar el tipo de vínculo laboral.
Nuevas funciones de las Gestoras de Salud y Vida
La transformación de las EPS en Gestoras de Salud y Vida no solo implica un cambio de nombre, sino también de funciones. Estas entidades estarán organizadas en subregiones y trabajarán en coordinación con los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), así como con las direcciones departamentales y distritales de salud, para gestionar de manera integral el riesgo en salud en sus territorios asignados.
Uno de los puntos más importantes es que estas deberán encargarse de identificar, segmentar y analizar los riesgos en salud de su población. Además, tendrán la responsabilidad de participar en la conformación de las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud, un aspecto que el Gobierno ha señalado como fundamental para mejorar la eficiencia y la equidad en la atención médica.
El proyecto establece que las Gestoras no tendrán total autonomía en la conformación de estas redes, como han solicitado las EPS. En cambio, deberán trabajar en conjunto con las secretarías de salud municipales y departamentales, una medida que ha generado críticas desde el gremio de las EPS, como ACEMI, que defiende la necesidad de más independencia en la gestión del riesgo en salud.
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Finalmente, el Gobierno ha propuesto que las Gestoras reciban un 5% del valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), pero si no cumplen con los estándares de gestión, podrían ver reducidos sus ingresos hasta en un 30%. Además, en caso de reincidencia en dos periodos consecutivos, la Supersalud podría aplicar medidas de supervisión especiales. Por otro lado, las Gestoras que logren buenos resultados en salud, un uso eficiente de los recursos y una alta satisfacción del usuario, podrán recibir hasta un 3% adicional en incentivos.