La Fiscalía General flexibiliza el manejo de las protestas y reduce las sanciones a los manifestantes, generando debate sobre la seguridad y el control del orden público.
La reciente Directriz 001 de la Fiscalía General, firmada el 10 de septiembre, marca un cambio significativo en la gestión de las protestas sociales en Colombia. El documento, conocido por SEMANA, otorga amplias libertades a los manifestantes y restringe las acciones de las fuerzas de seguridad. Esta normativa, aprobada bajo la administración de la fiscal general Luz Adriana Camargo, busca garantizar el derecho a la protesta pacífica. No obstante, ha suscitado críticas por las amplias licencias que concede a los protestantes.
Por lo que, la directriz permite bloqueos de vías y facilita beneficios judiciales a quienes cometan delitos durante las protestas, siempre que no se trate de una amenaza concreta a derechos fundamentales. Además, la normativa prioriza la protección del derecho a la protesta.
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Debido a esta decisión de la Fiscalía, el presidente Gustavo Petro ha celebrado la decisión, alineándose con su postura de evitar la criminalización de la protesta social. Por ello, el mandatario elogió la medida a través de sus redes sociales, destacando su compromiso con el respeto a los derechos humanos y criticando las imputaciones infladas que se utilizaron durante el estallido social de 2021. La directriz también deroga las anteriores recomendaciones del exfiscal Francisco Barbosa, que habían sido criticadas por su severidad en el tratamiento de las manifestaciones.
Por su parte, la oposición y algunos sectores de la sociedad han expresado preocupaciones sobre el impacto de esta normativa en la seguridad pública y la capacidad de las fuerzas de seguridad para mantener el orden durante las protestas. El debate continúa mientras se evalúa cómo se implementará esta directriz en el contexto actual de protestas y disturbios en Colombia.