La Superintendencia de Transporte ha reiterado el deber de imponer sanciones a los vehículos que prestan servicios de transporte público sin autorización.
En medio de crecientes disputas sobre la legalidad del transporte público no autorizado, la Superintendencia de Transporte ha destacado la necesidad de aplicar sanciones consistentes para asegurar el cumplimiento de la normativa. Por ello, la entidad ha advertido sobre la confusión y resistencia que persisten entre las autoridades locales. También con los operadores de transporte, quienes a menudo apelan a interpretaciones propias de las leyes.
El debate gira en torno a la aplicación de la Ley 336 de 1996 y la Ley 769 de 2002, que regulan el transporte público y la imposición de sanciones. La Ley 336 establece que la prestación del servicio de transporte debe ser realizada por entidades autorizadas. No obstante, en caso de incumplimiento, prevé la inmovilización del vehículo. Por otro lado, la Ley 769 también aborda sanciones. Pero su enfoque es más general y se basa en la regulación de tránsito y uso de vehículos.
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A pesar de las claras instrucciones impartidas por la Superintendencia, incluyendo las Circulares Externas del 20 de noviembre de 2020 y del 30 de marzo de 2023, las autoridades y operadores continúan mostrando resistencia. La Superintendencia ha insistido en que la falta de autorización para operar debe ser sancionada conforme a la Ley 336 de 1996. Aplicando multas y medidas de inmovilización cuando los vehículos particulares presten servicios de transporte sin la debida habilitación.
La discrepancia en la interpretación jurídica y la falta de cumplimiento han llevado a la Superintendencia a solicitar una aclaración más precisa sobre la aplicabilidad de las normas. Esto para evitar futuros conflictos y asegurar la correcta aplicación de las sanciones.
