El ministro de Salud de Colombia, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha visto en el centro de una nueva controversia relacionada con el manejo de los recursos del sector salud. El ministro admitió ante la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, instancia clave para la discusión de la reforma a la salud 2.0, que algunos fondos destinados a mejorar la atención hospitalaria y los servicios de salud se han utilizado con fines electorales.
Jaramillo reconoció que varios alcaldes y gerentes de hospitales han desviado estos recursos, originalmente asignados para el sistema de salud, para influir en procesos electorales.
El ministro afirmó que han utilizado parte del presupuesto de salud para pagar favores políticos de elecciones pasadas y asegurar votos para futuros comicios, lo que generó serios cuestionamientos en el Congreso. Algunos legisladores expresaron preocupación, advirtiendo que este desvío de recursos para influir en procesos políticos no solo es antiético, sino que también podría constituir un delito.
“Llega la platica ahí al gerente del hospital y el alcalde es el presidente. Así que hacen política, bueno, yo qué puedo hacer. Están pagando los votos de las pasadas elecciones y con eso ya van a cuadrar los votos de las próximas elecciones. Ah, bueno. Lo importante es que hagan el trabajo y nos vamos posteriormente, la intención es que comencemos a hacer las cosas que se tienen que hacer, porque los hospitales tienen que tener las plantas de personal”, aseguró.
No obstante, la delclaración del ministro ha generado una ola de reacciones. Varios sectores políticos consideran que el ministro ha subestimado la magnitud de los problemas que está reconociendo, lo que ha profundizado las tensiones en torno a la gestión de los recursos públicos. Algunos sugieren que esta situación amerita una investigación más profunda para determinar el alcance del envío de fondos y sus implicaciones legales.
Polémica por la gestión de las vacunas contra la Mpox
Además de enfrentar este escándalo, Jaramillo también tuvo que abordar las críticas sobre la gestión de su ministerio en relación con las vacunas contra la mpox, conocida como viruela del mono. Durante su intervención, explicó que de las 25.000 dosis adquiridas, apenas 556 fueron aplicadas, lo que se debió a la falta de voluntarios para probar la eficacia del medicamento. Según el ministro, este fármaco, proveniente de Japón, requería la participación de personas dispuestas a probar su efectividad, lo que limitó su uso en el país.
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Esta serie de declaraciones del ministro Jaramillo, tanto sobre la utilización del presupuesto de salud con fines políticos como la gestión de las vacunas, ha reavivado el debate sobre la transparencia y el manejo de los recursos públicos en el sector salud. A medida que avanza la discusión sobre la reforma a la salud, se espera que estas cuestiones se conviertan en un tema central de debate en los próximos meses.