Durante el Congreso Nacional de Comerciantes en Barranquilla, el expresidente Álvaro Uribe lanzó fuertes críticas contra la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro. Uribe acusó al proyecto de buscar no solo la recaudación de impuestos a propiedades consideradas improductivas, sino también de utilizar esos fondos para financiar las elecciones de 2026, creando empleos burocráticos y subsidiando programas sociales que, en su opinión, no serían sostenibles en el largo plazo.
“El recaudo, inferior a $12 billones, sería para financiar el año 2025 y las elecciones de 2026. Todo para conseguir votos con empleos burocráticos, que poco o nada agregan de valor, y subsidios sociales engañosos por no ser sostenibles más allá de elecciones”, expresó Uribe
Uribe señaló que la reforma amenaza con destruir el espíritu emprendedor y la riqueza privada del país, afectando así la inversión y la estabilidad de las políticas sociales.
Frente a estas declaraciones, el presidente Gustavo Petro respondió a través de sus redes sociales, desmintiendo las afirmaciones de Uribe y defendiendo su propuesta. En su respuesta, Petro enfatizó que su administración no compra votos ni recurre a prácticas que involucren el uso indebido de recursos públicos para fines electorales, diferenciándose así de los gobiernos anteriores.
Además, Petro aclaró que el objetivo principal de la Ley de Financiamiento es el pago de una deuda significativa de 5.600 millones de dólares que heredó de su predecesor, Iván Duque. Esta deuda, contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI), debe ser cancelada en los próximos dos años, lo que obliga al gobierno actual a tomar medidas fiscales para cumplir con ese compromiso.
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Además, Petro criticó indirectamente la gestión del gobierno de Duque, destacando que fue este quien benefició a grandes empresarios, utilizando fondos públicos para financiar su nómina. En su serie de mensajes, Petro buscó desmontar las acusaciones de Uribe, haciendo énfasis en que las reformas fiscales son necesarias para equilibrar las finanzas del país y cumplir con las obligaciones internacionales, sin que ello implique desatender las necesidades sociales o el desarrollo económico.
