El Gobierno quiere mantener el decreto que permite nombrar a personas privadas de la libertad como voceros de paz, destacando su papel en el conocimiento de conflictos sociales.
El Gobierno ha instado al Consejo de Estado a no anular el decreto que autoriza a nombrar a personas privadas de la libertad como gestores de paz. La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, defendió esta figura, argumentando que permite obtener un panorama más claro del conflicto en diversas regiones del país.
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Buitrago enfatizó que los gestores de paz no tienen la facultad de decidir sobre la situación jurídica de los ciudadanos, sino que su función es actuar como voceros comprometidos con la paz. “Ellos conocen los conflictos sociales y pueden ayudar a identificar las verdaderas problemáticas en el territorio”, indicó la ministra.
La figura de gestor de paz fue implementada por el gobierno del presidente Gustavo Petro en el contexto de su política de paz total. Buitrago también reconoció la labor conciliadora de la Policía Nacional, destacando su papel en la promoción de la paz en las comunidades.
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Sin embargo, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, expresó su preocupación por esta medida, señalando que ver a delincuentes como gestores de paz podría desmoralizar a la comunidad. Díaz instó a la fuerza pública a estar alerta para prevenir que estos individuos aprovechen la buena voluntad del Gobierno para continuar delinquiendo.
La controversia en torno a este decreto refleja las tensiones entre la búsqueda de la paz y la seguridad en el país, planteando un debate crucial sobre la mejor manera de abordar la reintegración de aquellos que han estado involucrados en actividades delictivas.
