La Fiscalía General, a través de su equipo especializado Gelma, inició un proceso judicial contra Paola Andrea Rodríguez Rincón, acusada de causar la muerte de ‘Monster’, un perro de un año y dos meses, en Bello, Antioquia. Según la investigación, el incidente ocurrió el 9 de junio, cuando la mujer habría arrojado al animal desde el piso 12 de un edificio.
Las autoridades informaron que Rodríguez presuntamente planeó la acción para herir emocionalmente a su expareja, quien se negó a reanudar la relación, utilizando al perro como medio de represalia. Aunque fue convocada en varias ocasiones, Rodríguez no se presentó, lo que llevó a su imputación como persona ausente por maltrato animal.
El caso generó una amplia reacción en la comunidad, y las autoridades recalcaron la gravedad de los delitos contra los animales. El Grupo Gelma, que ha trabajado arduamente en la protección de los derechos de los animales, destacó que estos actos de crueldad no quedarán impunes y que el castigo será ejemplar. La protección y bienestar animal siguen siendo prioridades en la agenda judicial del país.
Este hecho se suma a otros casos similares en Colombia, donde las autoridades han incrementado esfuerzos para luchar contra el maltrato animal. La Fiscalía reitera la importancia de denunciar estos casos y cooperar con las investigaciones para que quienes cometen actos de violencia hacia los animales enfrenten consecuencias legales.
Rodríguez enfrenta serias acusaciones, y el proceso legal busca establecer una sentencia que sirva como ejemplo en la protección de los derechos de los animales en Colombia.
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¿Cuál es el castigo por el delito de maltrato animal en Colombia
En Colombia, el Código Penal considera el maltrato animal un delito bajo el Artículo 339A, establecido por la Ley 1774 de 2016. Las penas para este delito oscilan entre uno y tres años de prisión. Sin embargo, si se presenta crueldad extrema, si el acto ocurre en público, en presencia de menores, si hay abuso sexual o si un funcionario público comete el crimen, las sanciones pueden ser más severas. Las sanciones también buscan disuadir actos que causen la muerte o lesiones graves a los animales.
