Este lunes, la Corte Constitucional inició el análisis de una demanda que busca eliminar el monopolio del aguardiente en los departamentos del país. La audiencia, liderada por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, ha generado un intenso debate, especialmente en torno al impacto que este monopolio tiene sobre la financiación de programas de salud pública.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, fue contundente en su intervención al destacar un hecho preocupante: “Desafortunadamente, la salud se financia con el vicio”. Según el ministro, los recursos provenientes de la producción y venta de licores en los departamentos se destinan en buena parte a cubrir el sistema de salud, lo cual considera inapropiado. “Este no debería ser el modelo ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo”, agregó Bonilla. Lamentó que la dependencia de ingresos provenientes del consumo de alcohol se haya convertido en una realidad estructural en el país.
La Corte estudia si anula los apartados de la Ley 1816 de 2016. Estos permiten a los departamentos limitar la comercialización de otros aguardientes por seis años, argumentando una posible amenaza para la producción local. Esta medida, aunque busca proteger las economías regionales, ha sido duramente criticada por su efecto negativo sobre la libre competencia y las libertades económicas.
Durante la audiencia, otros actores presentaron sus posturas sobre los efectos del monopolio. El abogado Julio Andrés Ossa afirmó que el tema no es solo económico, sino que pone en riesgo las libertades fundamentales. Señaló que permitir este tipo de restricciones podría abrir la puerta a monopolios en otros productos esenciales, como la leche.
El abogado Jorge Sánchez Medina, por su parte, respaldó la demanda mostrando cifras sobre el impacto del monopolio. “Las ventas de aguardiente cayeron un 21% en los departamentos que aplicaron la restricción. Mientras que en aquellos que no la implementaron, las ventas subieron un 35%”, detalló.
Sin embargo, el ministro Bonilla fue enfático al subrayar que, más allá del impacto económico o los ingresos generados, el problema de fondo radica en el modelo de financiación. “Solo siete departamentos producen aguardiente, y otros seis ejercen el monopolio a través de acuerdos de maquila. No es posible que sigamos financiando la salud con el vicio”, concluyó.
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La Corte Constitucional seguirá evaluando si mantiene o elimina estas normas, cuyo alcance y repercusiones están en el centro de un debate que mezcla consideraciones económicas, de salud pública y libertades individuales.
