El gobierno de Gustavo Petro ha decidido prorrogar por seis meses más el cese al fuego bilateral con las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), lideradas por alias ‘Calarcá’. Esta extensión, formalizada a través de un decreto emitido por la Presidencia, se alinea con los esfuerzos del Gobierno por avanzar en las negociaciones de paz con diversos grupos armados, buscando una solución política al conflicto armado en el país.
El cese al fuego bilateral, que entró en vigor hace meses, es parte de los diálogos que el Gobierno sostiene con este sector de las disidencias de las Farc. El decreto 1280 de 2024 estableció que el nuevo periodo de cese al fuego comenzará este miércoles, 16 de octubre, y se extenderá hasta el 15 de abril de 2025. El acuerdo de no agresión incluye al Estado Mayor de los bloques Magdalena Medio, al comandante Gentil Duarte, al comandante Jorge Suárez Briceño y al Frente Raúl Reyes.
Condiciones para la prórroga
En el marco de este proceso, el presidente Petro ha condicionado la continuidad del cese al fuego al cumplimiento de ciertos parámetros por parte de las disidencias. La orden presidencial establece que la tregua solo cubre a aquellos integrantes de las disidencias que estén participando activamente en el proceso de paz y que cumplan con los protocolos específicos diseñados para garantizar el cumplimiento del acuerdo. Este control incluye mecanismos de verificación que diferencian entre los grupos involucrados en las negociaciones y aquellos que, pese al proceso, han continuado con actividades delictivas.
Para evitar abusos del cese al fuego, el Gobierno ha implementado un esquema de concentración de fuerzas, lo que permite identificar de manera más clara a los grupos que deben seguir bajo presión militar. De esta forma, se busca garantizar que las acciones armadas continúen en contra de los sectores disidentes que no han mostrado interés en el proceso de paz.
El decreto es enfático en que ambas partes deben adherirse estrictamente a los protocolos acordados. Todos los compromisos alcanzados en la mesa de diálogos sobre el cese al fuego son de obligatorio cumplimiento. Además, el cese no debe interpretarse como un debilitamiento de la obligación constitucional de garantizar la seguridad y el orden en los territorios afectados.
“Las partes se comprometen a cumplir el protocolo de reglas y compromisos suscritos por ellas. Los acuerdos y protocolos firmados y los que se suscriban en la mesa de diálogos de paz, referidos al cese al fuego, son de obligatorio cumplimiento”, dicta la ordenanza presidencial.
El proceso de paz será monitoreado de manera constante. El protocolo de evaluación estipula revisiones trimestrales para verificar el progreso y el cumplimiento del cese. Estas evaluaciones permitirán ajustar el acuerdo de acuerdo a las condiciones sobre el terreno y buscarán profundizar las transformaciones territoriales, garantizar la protección de la población civil y promover la sustitución de las economías ilícitas en las regiones afectadas.
Sectores de la oposición critican la prórroga
Aunque el Gobierno resalta los avances logrados en la reducción de las hostilidades, sectores de la oposición han criticado el acuerdo, argumentando que en algunas áreas continúan los enfrentamientos y que ciertos grupos armados han aprovechado la tregua para fortalecer su control territorial.
Uno de los más críticos ha sido el exalcalde Federico Gutiérrez, quien calificó la prórroga como una “burla” a las víctimas y a la ciudadanía. Según Gutiérrez, prolongar el cese al fuego expone a la población civil al peligro, al dejarla desprotegida frente a las acciones de grupos armados que no respetan el acuerdo. En su opinión, el Gobierno debería concentrarse en fortalecer las fuerzas militares en lugar de continuar negociaciones con sectores que no han demostrado un compromiso real con la paz.
“Aquí lo que tiene que pasar es volver a fortalecer a nuestro Ejército, a nuestra Policía, a nuestras Fuerzas Militares, que fueron desfortalecidas al tiempo que ayudaban a fortalecer a las estructuras criminales. Me parece una burla absoluta que el gobierno nacional esté pensando en continuar ese cese el fuego que lo único que están dejando es a nuestra población civil, justamente, a merced de las peores estructuras criminales”.
Lea también: Colombia avanza hacia su incorporación a la Nueva Ruta de la Seda
A pesar de estas críticas, el presidente Petro mantiene su enfoque en la paz negociada, argumentando que el diálogo sigue siendo una herramienta clave para transformar las regiones afectadas por el conflicto.
