Un artículo en la reforma a la justicia que plantea la reducción de penas para agresores sexuales que acepten cargos ha generado intenso debate en Colombia. La medida busca agilizar procesos y evitar la prescripción de casos, pero enfrenta rechazo por la gravedad de los delitos contra menores.
La propuesta para modificar el numeral 7° del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006 ha causado revuelo en el país. La reforma plantea que los acusados de agresiones sexuales contra niños puedan acceder a una rebaja de pena si aceptan los cargos, con el objetivo de reducir la impunidad y acelerar los procesos judiciales. Según la ministra de Justicia, Ángela Buitrago, las penas no disminuirían por debajo de los tiempos mínimos ya establecidos en la ley.
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Sin embargo, esta iniciativa ha encontrado una fuerte oposición. El representante a la Cámara, Hernán Cadavid, expresó su rechazo tajante: “Le pido a la ministra, al gobierno y a la Corte retirar el artículo de la reforma a la justicia”. Para quienes critican la propuesta, las rebajas de pena son inaceptables en casos de delitos sexuales contra menores debido a la gravedad de las ofensas y el impacto en las víctimas.
Este debate surge en un contexto delicado, tras el hallazgo del cuerpo de Sofía Delgado, una niña de 12 años asesinada en Candelaria, Valle. El principal sospechoso, Brayan Campo, ya tenía antecedentes por presunto abuso sexual. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, se sumó a las críticas al plantear la necesidad de imponer cadena perpetua para este tipo de delitos.
La discusión pone sobre la mesa dos posturas enfrentadas: por un lado, la necesidad de resolver los casos más rápidamente para evitar la impunidad, y por otro, la exigencia de sanciones severas para proteger a los menores y evitar que los agresores reciban beneficios legales.