El proyecto de reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) enfrenta su sexto debate en el Senado esta semana. La propuesta apoyada por el presidente busca descentralizar la economía del país, al ofrecerle más recursos a las regiones apartadas, sin embargo, desde instituciones financieras advierten un posible riesgo fiscal a mediano plazo.
¿Qué es el sistema general de participaciones?
El SGP es el mecanismo mediante el cual el Gobierno Nacional transfiere a los municipios, distritos y departamentos los recursos necesarios para atender los servicios básicos de educación, salud, agua y saneamiento básico.
El dinero del SGP viene directamente de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN), que se recaudan mediante impuestos directos e indirectos, cobros de derechos administrativos, ventas de bienes básicos, entre otras fuentes. Su distribución tiene en cuenta criterios como la población, las necesidades básicas insatisfechas y los niveles de pobreza de cada entidad territorial.
Los cambios que plantea la reforma
La reforma plantea la modificación a los artículos 356 y 357 de la Constitución. En la actualidad, la Nación transfiere a los entes territoriales un 23,8% de sus ingresos corrientes de la nación.
La reforma busca aumentar las transferencias a 46,5% a partir del año 2027, con incrementos anuales del 2,5% por 10 años. Con esta fórmula, las transferencias del SGP representarán el 8.5 y 9,2% del PIB en 2036.
El principal promotor de la reforma, el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, plantea que la reforma es un medio necesario para la descentralización en Colombia. Debido a que fortalece a las instituciones territoriales, a través de más recursos y mayores responsabilidades, para que estas mismas tengan un rol más activo en la administración, ejecución y vigilancia de sus proyectos.
Para el senador coordinador ponente, Ariel Ávila, “Se pretende superar el asfixiante centralismo y dotar a las entidades territoriales de una autonomía que las haga dueñas de su propio destino. La reforma de SGP responde a una demanda insatisfecha de las regiones para contar con más autonomía financiera y administrativa y es la forma, además, para permitir que el Estado lleve toda su oferta a los territorios”, explicó.
El comité de aumento en la regla fiscal también indica riesgos
Aparte de las críticas de senadores de oposición, como Paloma Valencia. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal, (CARF), advirtió que incrementar las transferencias a las entidades territoriales hasta 46,5% de los ingresos corrientes en 2036, sería el motivo principal por el que la reforma no es viable fiscalmente, pues aumenta el déficit por encima de 71% del PIB nacional, el límite establecido por la ley. Lo que representaría un retroceso hasta niveles de pandemia.
El escenario de inviabilidad lo muestra esta gráfica del diario La República con los datos de la CARF.
Este hueco fiscal, que generaría la reforma al SGP, necesitaría ser cubierto con tres reformas tributarias a futuro. Además, el centro de pensamiento Anif le sugirió al Congreso que el aumento de las transferencias sea más pequeño, no de más de 2 puntos porcentuales de los INC al año hasta 2035, sino de 0,35 puntos, con lo que en 2035 las regiones recibirían el 35 por ciento de los ingresos corrientes de la nación.
El presidente le dio un espaldarazo al proyecto de ley, sin embargo, voces dentro del gobierno, como Ricardo Bonilla, se acercan a las sugerencias de la Anif. Este manifestó que el aumento debe ser del 37%, más no del 46%.
