Ante el grave aumento de casos de violencia intrafamiliar, que en 2023 sumaron 63,982, las representantes Cathy Juvinao y Carolina Giraldo Botero han presentado un proyecto de ley innovador que busca garantizar a las víctimas de violencia de pareja una reparación integral en procesos de divorcio o separación. Este proyecto no solo contempla medidas de protección y compensación económica, sino que también un apoyo emocional, además de que establece un proceso civil simplificado y efectivo que facilita el acceso a la justicia.
“Tenemos un incremento de la violencia intrafamiliar en nuestro país y a esto tenemos que responder de manera integral desde las leyes, desde la pedagogía, desde la prevención también, pero ahora desde las leyes. Ya había unos antecedentes de Jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia donde se preveía en unos casos específicos cómo se debía ser esta reparación integral de víctimas de violencia intrafamiliar en el marco de casos de divorcio de terminación de los matrimonios. Entonces lo que estamos haciendo es respondiendo a ese llamado de la Corte Constitucional para que quede en una ley establecido para todos los colombianos y las colombianas cómo se hace este mecanismo”, explicó la representante Carolina Giraldo.
Las congresistas señalaron que la mayoría de los casos de violencia contra las mujeres en Colombia involucran a agresores cercanos. El 60,19% de estos incidentes corresponden a la pareja, expareja o familiares, con porcentajes específicos del 28,27%, 17,55% y 16,76%, respectivamente. Además, la Superintendencia de Notariado y Registro reveló que entre enero de 2023 y abril de 2024 se registraron 32,567 divorcios en el país, lo que significa que 37 de cada 100 matrimonios terminan en separación.
“Lamentablemente, la violencia intrafamiliar es una situación recurrente en Colombia, con un promedio de 174 casos cada día. Para las víctimas, es importante recibir disculpas y otras formas de reparación simbólica, lo cual está contemplado en esta iniciativa”, explicó una de las representantes de la Alianza Verde.
Medidas Concretas de Protección y Reparación
- Compensación Económica y Emocional: El proyecto permite a las víctimas de violencia intrafamiliar solicitar compensaciones económicas para mitigar los impactos sufridos. Además, se contemplan reparaciones de carácter emocional, que incluyen medidas simbólicas de reconocimiento y dignificación de las víctimas.
- Protección contra la Revictimización: Para proteger a las víctimas, la ley asegura que no deban enfrentar o confrontar a sus agresores durante el proceso. Este punto es crucial, ya que evita la revictimización y permite que las víctimas puedan avanzar en el proceso de manera segura y sin traumas adicionales.
- Plazos Ágiles y Claros en el Proceso Judicial: Una vez dictada la sentencia de divorcio o separación, las víctimas dispondrán de un periodo de 30 días para solicitar formalmente la reparación. A su vez, el juez contará con un máximo de 30 días para resolver el caso, asegurando un proceso ágil y efectivo que reduzca al mínimo las demoras judiciales.
- Embargo de Bienes del Agresor para Garantizar la Reparación: Con el objetivo de garantizar que las víctimas reciban la compensación correspondiente, el proyecto incluye la posibilidad de embargar bienes al agresor. Esta medida busca asegurar que la reparación económica sea cumplida y efectiva, protegiendo el derecho de las víctimas a una indemnización justa.
Respuesta Integral a la Alerta Judicial
Este proyecto de ley representa una respuesta directa a llamados previos de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, que han urgido la creación de mecanismos claros para la protección y reparación de las víctimas de violencia intrafamiliar. Las representantes han expresado su compromiso con convertir esta propuesta en una herramienta efectiva para que las víctimas tengan un recurso legal accesible y seguro en situaciones de violencia.
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Actualmente, el proyecto avanza en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde se espera un debate exhaustivo que permita consolidar estas medidas como parte de la legislación colombiana.
