La historia del grupo paramilitar “Los 12 Apóstoles” y la vinculación de Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, es uno de los casos de justicia más notorios y controversiales en la historia reciente de Colombia. Este proceso involucra múltiples fases de investigación, testigos, denuncias y procedimientos judiciales que se extienden desde la década de los 90 hasta la actualidad.
Origen del grupo en los años 90
La década de los 90 en Colombia estuvo marcada por un fuerte conflicto armado interno, en el cual los grupos paramilitares cobraron poder en varias regiones del país, incluyendo Antioquia. En el municipio de Yarumal surgió el grupo paramilitar conocido como “Los 12 Apóstoles”, cuya presencia en la zona fue documentada entre 1993 y 1994. Según denuncias, el grupo estaba compuesto por ganaderos, comerciantes y un sacerdote, y se dedicaba a llevar a cabo lo que denominaban “limpieza social”, mediante asesinatos y desapariciones de personas consideradas “indeseables” o una amenaza para los intereses de la comunidad de élite local. En particular, se apuntaba a presuntos delincuentes, indigentes y pobladores desplazados como blancos de su violencia.
Los primeros reportes sobre las actividades de este grupo indicaron que operaban en colaboración con algunos miembros de la Policía Nacional, que aparentemente apoyaban las acciones del grupo, bajo la excusa de que se trataba de un esfuerzo para restaurar el orden en la región. La finca La Carolina, de propiedad de la familia Uribe Vélez, fue señalada como uno de los centros de operaciones de “Los 12 Apóstoles”, donde presuntamente se realizaban reuniones y entrenamientos para estos operativos, aunque Santiago Uribe ha negado estas acusaciones.
Investigación inicial y archivo del caso (1996-1999)
En 1996, la Fiscalía General de la Nación comenzó a investigar formalmente las actividades de “Los 12 Apóstoles”. Como parte de estas investigaciones, se vinculó a Santiago Uribe Vélez, quien fue acusado de estar implicado en la creación y financiamiento del grupo. Según testimonios recolectados por la Fiscalía, varios de los miembros de la organización paramilitar habrían tenido un rol activo en reuniones y planificación de ataques contra supuestos delincuentes en Yarumal, además de contar con la colaboración de algunos actores políticos y económicos de la zona.
Pese a las investigaciones iniciales y testimonios que relacionaban a Santiago Uribe con “Los 12 Apóstoles”, el proceso fue archivado en 1999 por falta de pruebas suficientes. Durante esta primera etapa, las evidencias recolectadas no fueron consideradas concluyentes para avanzar con un proceso judicial sólido. Sin embargo, familiares de víctimas insistieron en que las actividades paramilitares continuaban y en que las autoridades locales seguían apoyando las acciones de limpieza social.
Declaraciones de testigos y reapertura del caso (2010)
El caso de “Los 12 Apóstoles” volvió a salir a la luz en 2010, cuando el mayor retirado de la Policía, Juan Carlos Meneses, ofreció un testimonio clave en el que implicó directamente a Santiago Uribe. Meneses afirmó que Uribe no solo era uno de los líderes del grupo, sino que también era uno de sus principales financistas y organizadores.
Las declaraciones de Meneses fueron respaldadas por otros testimonios que alegaron haber participado en operativos organizados desde la finca La Carolina y otras propiedades de la élite ganadera de Antioquia. Eunicio Pineda, un exparamilitar y testigo en el caso, reveló que fue obligado a colaborar con el grupo bajo amenazas y relató episodios de tortura en los que se intentaba extraer información sobre personas que el grupo consideraba enemigas. Los detalles proporcionados por Meneses y Pineda reactivaron la atención en el caso, llevando a la Fiscalía a reabrir la investigación y a profundizar en los presuntos vínculos de Santiago Uribe con este grupo de autodefensas.
Detención y juicio de Santiago Uribe (2016-2023)
Luego de varios años de investigación, en 2016, la Fiscalía ordenó la captura de Santiago Uribe, acusándolo de concierto para delinquir y homicidio agravado. Este fue un paso significativo, ya que se trataba de la primera vez que un miembro de la familia Uribe Vélez enfrentaba cargos directos por su presunta participación en actividades paramilitares. La detención fue recibida con gran controversia en el ámbito político y generó un fuerte debate sobre la posible influencia de los Uribe en la violencia paramilitar en Antioquia.
En 2018, Santiago Uribe fue liberado por vencimiento de términos, sin embargo, el juicio continuó. La defensa de Uribe argumentó que los testimonios en su contra eran fabricaciones y que no existía evidencia concreta que lo relacionara directamente con los actos violentos cometidos por “Los 12 Apóstoles”. A lo largo del proceso, la defensa intentó desacreditar a los testigos clave y alegó que las declaraciones eran parte de una persecución política en su contra. Sin embargo, en 2021, el proceso llegó a la fase final, donde tanto la defensa como la Fiscalía presentaron sus alegatos finales, y se esperaba una sentencia definitiva para definir la culpabilidad o inocencia de Uribe en relación con estos delitos.
Informe de la JEP y expectativa de sentencia (2023-2024)
En 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió un informe que señaló a Santiago Uribe como comandante de “Los 12 Apóstoles”. Este informe, aunque no implica una condena directa, añadió peso a las acusaciones y aumentó la presión sobre el sistema judicial para concluir el proceso de manera definitiva. Los informes de la JEP, basados en testimonios y documentos recopilados a lo largo de los años, detallan las operaciones del grupo y señalan la finca de Uribe como un centro de entrenamiento paramilitar.
En noviembre de 2024, se espera que finalmente se emita la sentencia en el caso, poniendo fin a más de tres décadas de investigaciones y controversias en torno a Santiago Uribe y su presunta participación en la creación y operación de “Los 12 Apóstoles”. La decisión del juez podría tener repercusiones significativas en el ámbito político y en la percepción pública sobre la influencia de la familia Uribe en el conflicto armado colombiano.
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Además, una sentencia condenatoria podría abrir la puerta a nuevas investigaciones sobre otros actores que podrían haber colaborado con este y otros grupos paramilitares en el país.
