Tras casi cinco años de proceso judicial, el Juzgado Primero Especializado de Antioquia emitió este miércoles su veredicto, absolviendo a Santiago Uribe Vélez de las acusaciones de crear y promover el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. La Fiscalía General había solicitado una condena para Uribe Vélez, argumentando su presunta implicación en el delito de concierto para delinquir agravado y homicidio de persona protegida. Sin embargo, el juzgado determinó que la Fiscalía no presentó pruebas concluyentes que vincularan a Uribe con la estructura criminal.
El fallo recoge los argumentos de la Procuraduría General, los cuales apuntaban a la falta de evidencia que relacionara al ganadero antioqueño con el asesinato del conductor Camilo Barrientos Durán, un crimen atribuido a la actividad de Los 12 Apóstoles. Según la Procuraduría, no hubo pruebas contundentes que sustentaran los testimonios presentados por la Fiscalía, quienes aseguraban que el asesinato era parte de un plan de “limpieza social” en la región.
Ante el fallo absolutorio, la defensa de las víctimas anunció que presentará un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá. Este recurso busca revisar el fallo, considerando que existen aspectos del caso que, a su juicio, no fueron valorados adecuadamente. Las víctimas y sus representantes esperan que el Tribunal pueda reconsiderar las evidencias y testimonios para emitir una nueva sentencia.
Esta descisión del Juzgado, deja abierto varios interrogantes sobre la responsabilidad de algunos sectores en la violencia paramilitar que afectó al país en las últimas décadas.
Un proceso judicial controversial
El caso contra Santiago Uribe Vélez generó controversia desde el inicio. En marzo de 2016, agentes del CTI detuvieron a Uribe en Medellín, lo que desató una ola de críticas desde diversos sectores. Aliados del expresidente Álvaro Uribe interpretaron la captura como una represalia política impulsada por el entonces Fiscal General, Eduardo Montealegre. El contexto y la naturaleza de las acusaciones encendieron el debate nacional sobre el papel de las élites y hacendados en los conflictos armados del país.
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La Fiscalía sostuvo que Uribe Vélez había utilizado su finca La Carolina como un centro de operaciones para organizar y financiar el grupo Los 12 Apóstoles. Presuntamente, varios hacendados financiaron a este grupo y lo aliaron con miembros de la fuerza pública para eliminar a personas consideradas indeseables, incluyendo presuntos colaboradores de la guerrilla de las Farc, drogadictos y trabajadoras sexuales.
En 2018, un juez en Medellín ordenó la libertad provisional de Uribe al no encontrar razones para mantenerlo en prisión preventiva. En su momento, el juez consideró que los elementos presentados no justificaban la medida de aseguramiento para continuar con el proceso. La defensa de Uribe argumentó en todo momento que las pruebas eran insuficientes y que las acusaciones formaban parte de un proceso politizado.
