El congresista Miguel Polo Polo vuelve a estar en el centro de la polémica tras denunciar a Ana Delina Páez Muñoz, madre de una víctima de falsos positivos, argumentando que fue agredido físicamente durante una sesión plenaria del Congreso el pasado 13 de noviembre. Este hecho ha generado un nuevo capítulo de controversia alrededor del político, quien ya enfrentaba críticas por sus acciones previas.
En la denuncia, Polo Polo afirmó que Páez ingresó al Congreso autorizada por la representante Dorina Hernández Palomino. “Se acercó a la plenaria mientras ejercía mis funciones como servidor público y, en un momento dado, me agredió físicamente. Esto quedó registrado en un video que adjunté como prueba”, explicó el congresista en su cuenta de X (antes Twitter).
El congresista señaló que la situación se produjo en un contexto de reclamos por parte de las madres, quienes exigen justicia y memoria para sus familiares víctimas de los llamados “falsos positivos”.
Antecedentes del conflicto
El incidente tiene su origen en un acto simbólico liderado por las madres de víctimas de falsos positivos en la plaza Rafael Núñez, frente al Capitolio Nacional. Estas mujeres colocaron botas como símbolo del recuerdo y reclamo de justicia por sus hijos asesinados. Sin embargo, Polo Polo grabó un video arrojando dichas botas a la basura, un gesto que desató indignación generalizada.
Las críticas hacia su comportamiento llegaron de diversos sectores, incluidas figuras políticas como la senadora Sandra Ramírez, quien calificó la acción como “indignante y violenta”. Por su parte, el senador Iván Cepeda anunció que emprenderá acciones legales contra Polo Polo por hostigamiento y discriminación agravada.
Ante estas críticas, el congresista, lejos de disculparse, ha defendido sus acciones y señalado que su conducta fue malinterpretada. Sin embargo, para las madres de las víctimas, el gesto de Polo Polo representa un desprecio hacia sus luchas y el dolor que arrastran. La denuncia contra Ana Delina Páez parece ser su respuesta directa a los señalamientos, argumentando que no permitirá agresiones físicas ni simbólicas en su contra.
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Por ahora, mientras se esclarecen los hechos, el caso mantiene su impacto en la opinión pública, dejando en evidencia la falta de diálogo entre los actores políticos y las víctimas.
