El reciente anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la compra estatal de coca en el Cauca ha alterado por completo el mercado de la cocaína cruda en Colombia. Desde que se conoció la noticia, los precios de la pasta base, uno de los insumos primarios para la fabricación de la cocaína, han experimentado un aumento sorpresivo en varias zonas productoras, especialmente en El Plateado.
En pocas horas, los grupos armados, quienes controlan la producción de coca, duplicaron los precios de la pasta base. “El kilo que antes se pagaba a 1.6 millones de pesos ahora se cotiza a 3.8 millones”, cuenta un líder de la zona de Argelia. Este cambio de tarifas parece una respuesta directa a la propuesta gubernamental, ya que los actores ilegales temen perder control sobre el negocio si la compra estatal se materializa. La reacción ha sido rápida: los arrumes de pasta base, que se mantenían almacenados debido a los bajos precios, ahora empiezan a ser distribuidos.
Sin embargo, el Gobierno de Petro no se queda atrás. La propuesta de compra de coca ha avanzado hasta la redacción de un borrador de decreto, impulsado por el Ministerio de Justicia, con el objetivo de regularizar el cultivo y uso de la planta con fines legales. La idea es que la coca se destine a productos agroindustriales, como cosméticos, biocombustibles, e incluso alimentos. Sin embargo, el proyecto aún está en fase de análisis y enfrenta serias críticas.
Desafíos y dudas sobre la viabilidad de la propuesta
Uno de los mayores interrogantes es la infraestructura necesaria para procesar la coca. Expertos como Felipe Tascón, exdirector del Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), aseguran que la compra de coca puede ser una idea arriesgada, ya que el cultivo de esta planta requiere un manejo especializado. Tascón explica que un cultivo de coca que no se coseche adecuadamente se convierte en un árbol, lo que dificulta su aprovechamiento en la producción ilegal. “No es tan sencillo como comprar la hoja; se necesita una infraestructura adecuada para evitar que la planta se pierda”, advierte.
Por otro lado, la investigadora María Clara Torres también se muestra escéptica sobre la capacidad del Gobierno para gestionar la enorme cantidad de coca que se cultiva en el país. “El Estado no tiene el presupuesto ni los mecanismos para adquirir toda la coca. ¿Cómo podrá manejar tanto producto sin que se convierta en un nuevo problema?”, se pregunta.
Pero, ¿es posible transformar la coca en productos legales?
El Gobierno colombiano ha mostrado interés en imitar el modelo peruano, con la idea de usar la hoja de coca para fabricar productos como biocombustibles y alimentos. Sin embargo, este tipo de proyectos enfrenta complicaciones. María Clara Torres señala que la coca que actualmente se cultiva está contaminada con herbicidas y químicos, lo que hace inviable su uso para productos como alimentos o medicinas, al menos en el corto plazo.
“El 90% de los cultivos está contaminado por los pesticidas utilizados para producir cocaína”, dice Torres. Según ella, el país necesitaría realizar una transición hacia cultivos orgánicos para que la coca pueda ser utilizada de manera segura en la industria. Esto podría tomar al menos un año.
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A pesar de las dudas y los obstáculos, los campesinos de las zonas cocaleras ya están sintiendo el impacto de la propuesta. La Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) ha comenzado a organizar a los agricultores para prepararse para la compra estatal, que, aunque aún no se ha concretado, genera grandes expectativas. Según David Curtidor, abogado y exdirector del Fondo Nacional de Estupefacientes, algunos campesinos ya están preparando sus cultivos para venderlos cuando comience el proceso de compra.
